El departamento del Chocó enfrenta una nueva escalada de violencia tras el inicio de un paro armado indefinido decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene confinadas a más de 6.000 personas en 26 comunidades del municipio de Bajo Baudó.

La medida, anunciada por el bloque occidental “Ogli Padilla”, comenzó a la medianoche del 17 de marzo y restringe la movilidad en los ríos Docampadó, Ijuá y Orpúa.

De acuerdo con la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, al menos 6.047 habitantes —en su mayoría comunidades indígenas y afrodescendientes— permanecen sin posibilidad de desplazarse, lo que ha obligado a activar mecanismos de atención humanitaria para atender la emergencia.

Las autoridades departamentales avanzan en la caracterización de las familias afectadas y en el envío de ayudas básicas.

Alerta

Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente por las graves afectaciones a la población civil.

El organismo advirtió que el paro armado vulnera derechos fundamentales como la vida, la integridad, la salud, la educación, el trabajo y la libre locomoción, además de restringir el acceso a alimentos y servicios esenciales.

También señaló que las misiones humanitarias enfrentan dificultades para ingresar a las zonas afectadas.

Según la entidad, al menos 25 comunidades —16 afrocolombianas y nueve indígenas— están impactadas directamente por el confinamiento, en un contexto de alto riesgo por la presencia de actores armados en disputa territorial.

En paralelo, la situación de seguridad se agrava con ataques recientes, como el ocurrido en la estación de policía de Santa Rita de Iró, donde se lanzaron artefactos explosivos mediante drones, generando zozobra en la población.

La Defensoría hizo un llamado urgente a las autoridades para adoptar medidas de protección y al ELN para cesar el paro armado, recordando la obligación de respetar el derecho internacional humanitario y garantizar la protección de la población civil.

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