El reciente anuncio del Gobierno de Estados Unidos sobre la reactivación de relaciones comerciales con Venezuela podría beneficiar directamente a Colombia en materia energética.

Así lo indicó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, quien afirmó que el nuevo contexto político abre la posibilidad de importar gas natural del vecino país como una solución temporal para el abastecimiento interno.

A través de la red social X, el funcionario explicó que pidió a la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, revisar todos los proyectos de regasificación contemplados por el Gobierno.

La solicitud incluye considerar el escenario actual con Venezuela y evaluar la viabilidad técnica, jurídica y económica de la importación del energético.

En su publicación, el ministro afirmó que este sería “el mejor escenario para los hogares colombianos y la industria nacional”, debido a la cercanía geográfica, la infraestructura ya existente y la oportunidad de aliviar la presión sobre los precios.

El anuncio coincide con los planes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que informó sobre gestiones para vender entre 30 y 50 millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

La decisión de la petrolera estatal podría destrabar otros acuerdos energéticos entre los dos países, incluido el reinicio de operaciones del gasoducto binacional Antonio Ricaurte.

Esta infraestructura, de 225 kilómetros de longitud, conecta el Lago de Maracaibo, en Venezuela, con Puerto Ballenas, en La Guajira. Unos 85 kilómetros de ese tramo están bajo administración de Ecopetrol.

El gasoducto funcionó entre 2008 y 2012, cuando Colombia exportó gas a Venezuela bajo un convenio que sigue vigente hasta 2027.

Una solución transitoria

El contexto energético colombiano incluye la expectativa por los resultados del proyecto Sirius-2, un yacimiento costa afuera en el mar Caribe, operado por Ecopetrol en alianza con Petrobras.

Según estimaciones del consorcio, este hallazgo representa más de seis terapiés cúbicos en reservas, suficientes para abastecer el mercado nacional durante al menos 30 años. Sin embargo, la producción comercial del proyecto está prevista para 2030.

Mientras tanto, el Gobierno busca asegurar la cobertura del servicio sin depender de las importaciones más costosas desde mercados lejanos.

La importación de gas venezolano se perfila como una alternativa viable a corto plazo, aunque su implementación dependerá de la recuperación del gasoducto y de nuevas inversiones.

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