A la espera de la notificación de su destitución por parte de la Procuraduría General de la Nación, quedó el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien además permanecía a la expectativa de una respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que solicitó medidas cautelares a su favor.

Una vez notificado, el presidente Juan Manuel Santos deberá expedir un decreto en el cual deberá convocar a elecciones atípicas. Mientras esto ocurre deberá nombrar un alcalde encargado.

Como se recordará, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, manifestó que el Gobierno no interferirá y hará efectiva la medida tomada por la Procuraduría.

Ayer en la tarde, decenas de seguidores de Petro se congregaron en la Plaza de Bolívar, atendiendo el llamado a la movilización del mandatario distrital.

Al conocer dicho fallo, Gustavo Petro dijo que la decisión de la Procuraduría General es un golpe de estado contra el voto popular en Colombia.

Petro dijo además que la medida no está en firme y que la determinación de destituirlo está en manos del Presidente de la República.

“Que no dilate”
Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez hizo un llamado al presidente Santos para que no dilate el proceso de destitución de Petro.

Según manifestó el exprocurador, Jaime Bernal Cuéllar, teniendo en cuenta que Bogotá tiene un régimen especial, por tratarse de una decisión que está en firme o ejecutoriada debe cumplirse inmediatamente, “lo cual significa que el señor Presidente una vez reciba la providencia del Procurador debe proceder a designar una persona que reciba la alcaldía y se convoquen las elecciones”.

El camino a seguir
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tiene tres vías para apelar la destitución e inhabilidad por quince años, dijo el ex fiscal, Mario Iguarán, uno de los abogados del mandatario.

Según Iguarán, el alcalde Petro puede interponer tres recursos: ante el Consejo de Estado, el Tribunal Superior de Bogotá; además del concepto que está pendiente por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El ex fiscal indicó que “en la demanda de nulidad que se presente contra la decisión del Procurador se puede pedir una medida preventiva ante el Consejo de Estado. A la Comisión Interamericana, una medida cautelar; o ir ante un juez de garantías que en este caso sería el Tribunal Superior de Bogotá, para que dentro del proceso que se adelanta contra el Procurador en la Fiscalía tome una medida cautelar”.

La defensa de Petro evalúa cuáles serán los recursos que se interpondrán, con el fin de revertir el fallo de la Procuraduría.

Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rafael Barrios, otro de los abogados de Petro, dijo que el beneficio sólo aplicaría si el presidente no ha ejecutado el fallo del procurador.

Barrios manifestó que “si llegan las medidas de la Cidh después de la firma del Presidente, ya no habría nada que hacer. El Alcalde en la calle y nosotros sin Alcalde. Ahí el caso pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero tardaría unos cuatro años, que le devolvieran los derechos políticos a Petro”.

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