Avanza en el Congreso de la República un proyecto que permitirá contrarrestar la invasión de predios, flagelo que afecta a varias ciudades de Colombia, entre ellas Cali. El senador Gabriel Velasco, que lidera la iniciativa, habló con el Diario Occidente sobre el tema.

¿En qué cambiará el manejo de las invasiones con este proyecto legislativo que está en trámite?

Actualmente, cuando ocurre una invasión, las autoridades tienen hasta 48 horas después del asentamiento ilegal para realizar las acciones preventivas para contrarrestar las vías de hecho que pretenden perturbar la posesión, es decir, tienen tan solo dos días desde que se realiza un asentamiento para levantarlo; esto en la práctica se traduce en que las autoridades, al no tener claridad frente al tiempo que llevan los asentamientos prefieren no intervenir. Con el proyecto lo que se busca es aumentar esa ventana de tiempo, de 2 a 10 días, a fin de que las autoridades no se sientan maniatadas.

En Cali el problema de las invasiones es crítico y no es algo de ahora, siempre ha sido así; ¿por qué cree que en la ciudad es más propensa a este fenómeno?

En Cali las invasiones son frecuentes y muy peligrosas tanto para los invasores como para la comunidad en general. Cali es una ciudad que ha recogido migración de muchos pueblos del suroccidente colombiano y en general del Pacífico; adicionalmente hay una migración de extranjeros dividida entre los que se quedan en la ciudad y quienes flotan mientras van de paso. Este fenómeno ha sido aprovechado por mafias de tierreros, quienes queman las tierras, las parcelan y las venden, engañando a incautos, atentando contra nuestro ecosistema, perturbando dolosamente la propiedad pública y privada.

¿Y en el contexto nacional, cuál es el panorama de las invasiones, qué reportes tiene de otras ciudades?

Tenemos reportes de invasiones a lo largo y ancho del territorio: en Cali se calcularon 2000 hectáreas invadidas; en Bogotá, más de 3000 hectáreas; en Cartagena, solo desde 2014, más de 50 hectáreas, lo mismo pasa en Atlántico, el norte del Cauca, en Tolima, y la lista continúa. A esto hay que sumarle quienes invaden bosques y reservas naturales. Es una problemática mayor.

Siempre se habla de mafias detrás de la ocupación ilegal de tierras, ligadas, además, a otro tipo de actividades ilícitas, ¿habrá nuevas herramientas legales para combatirlas?

De momento, el proyecto solo contempla la ampliación del tiempo para las acciones policiales; este proyecto fue construido con ayuda de muchas personas que han trabajado históricamente en estos temas, y es precisamente el tiempo de 48 horas el que limita hoy en día el accionar de las autoridades.

¿Cuáles son los efectos sociales y económicos que genera en una ciudad la permisividad con las invasiones?

Son muchos, los asentamientos ilegales pueden parecer una solución de vivienda, pero no es digna. Muchas de estas zonas no tienen servicios públicos y deben “piratearlos”; la falta de ordenamiento hace que sean zonas de difícil acceso, que no cuenten con escuelas o centros médicos cercanos, son viviendas construidas sin normas técnicas; muchos han tenido que pagar a esos tierreros, pero eso no los hace verdaderos dueños del terreno y pone en riesgo su patrimonio. A esto hay que sumarle que muchos asentamientos ilegales son realizados en reservas naturales, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las zonas, las vertientes de agua, los bosques y nuestros ecosistemas.

Pero también es cierto que hay una gran necesidad de vivienda para familias de escasos recursos, ¿qué propuestas hay desde lo social para ello?

En esto estamos de acuerdo; los vacíos sociales deben ser llenados por medio del actuar de los gobiernos locales y nacional. Debe profundizarse en los programas de vivienda VIS y VIP, con apoyo del Ministerio de Vivienda. También debe avanzarse en el programa de titulación de predios fiscales, con el acompañamiento adecuado de las autoridades, con orden y generando condiciones dignas de vivienda.

Comments