Este jueves, durante un recorrido por los centros de detención transitoria de Cali, el defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, alertó sobre la grave situación humanitaria de las personas privadas de la libertad y reafirmó la solicitud de una reforma al sistema penitenciario y carcelario.

“De manera directa hemos tenido la ocasión y de viva voz he escuchado a las personas privadas de la libertad, quienes nos han expresado que reciben alimentos en estado de descomposición”, dijo el funcionario, luego de evidenciar lo que viven los reclusos del centro transitorio San Nicolás.

Según Camargo, para el mes de agosto de 2021 estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad para su capacidad máxima de 6.727 personas, lo que representaba un 189% de hacinamiento, mientras que para el mes de marzo del año en curso, los privados de la libertad en estos centros ascienden a 20.951 personas, frente a una capacidad de 7.131 cupos, generando una alarmante cifra de 194% de hacinamiento.

Actualmente son nueve las ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento: Bucaramanga con 835%, Santa Marta con 590%, Bogotá con 553%, Cúcuta con 491%, Riohacha con 333%, Medellín con 293%, Cali con 274%, Valledupar con 268% y Maicao con 208%.

“Estas cifras se traducen en espacios inadecuados para dormir, consumir alimentos, facilita la propagación de enfermedades debido a la falta de ventilación, y aumenta el estrés entre la población privada de la libertad, lo que se traduce en constantes riñas e intentos de amotinamiento, una de las razones por las que insistimos en la urgencia de la reforma integral al sistema penitenciario y carcelario”, aseguró Camargo.

Grave situación

La problemática de hacinamiento se agudizó por la emergencia sanitaria presentada por el Covid-19. Por esta razón, en marzo de 2020 el Inpec tomó la determinación de prohibir el ingreso de nuevas personas (condenadas y sindicadas) a sus cárceles y se trasladó los casos a los centros de detención transitoria (URI de la Fiscalía y estaciones de Policía).

Antes del cierre decretado, el hacinamiento en los centros que administra el Inpec era de 51.49%, lo que representa una sobrepoblación de 41.670 personas privadas de la libertad. Al 30 de marzo de 2022, la cifra en estos establecimientos alcanzó un 20%.

El Defensor hizo un llamado urgente a que todas las entidades públicas relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario tomen las medidas necesarias de manera oportuna para obligar a que los centros de detención cumplan con su estricta destinación legal y dejen de ser usados como establecimientos de reclusión permanente.

“Las personas privadas de la libertad que se encuentran recluidas en estos lugares están sometidas a graves vulneraciones a sus derechos que impiden cualquier asomo de resocialización y generan amenazas a la vida e integridad tanto de los privados de la libertad como de la Fuerza Pública, que se ve obligada a asumir una tarea que se aleja de su misión constitucional”, puntualizó Camargo.

Foto tomada de www.defensoria.gov.co

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