Distintas reacciones se escucharon desde el Concejo de Cali, luego de las cifras presentadas por las autoridades producto de los operativos realizados el pasado fin de semana, que aunque tuvieron una leve reducción, no dejan de alertar en pleno aislamiento preventivo obligatorio. De 290 fiestas se pasó a 220.

Para el concejal Fernando Tamayo, se debe trabajar para que la población caleña recupere el sentido de pertenencia con su ciudad y mantener el toque de queda y la ley seca como mecanismos para refrendar el principio de autoridad. “La semana pasada indiqué la necesidad de pasar de sanciones correctivas (multa económica) a la sanción punitiva, desde la Administración Municipal se debería contemplar la denuncia en la Fiscalía a quienes reinciden e insisten en organizar o participar en fiestas”, dijo.

Similar opina la cabildante Diana Rojas, quien propone, sin dejar de lado las medidas coercitivas, reorientar la estrategia hacia un trabajo de comunicación más pedagógico, personalizado y focalizado. “Hay fallas en la comunicación del riesgo, en educación comunitaria y en entender las características de la población. Hoy hace falta que cuadra a cuadra, en los barrios de mayor riesgo, la Administración y las autoridades de salud desplieguen con mayor fuerza una estrategia de pedagogía acompañada”, expresó Rojas.

Finalmente, el concejal Juan Martín Bravo, hizo una llamado al alcalde Jorge Iván Ospina para que “contemple la militarización o que acepte la rumbas con protocolos, apoyados en campañas, hoy estamos en un dilema entre la vida y la muerte, en ese orden de ideas tenemos que evaluar medidas y tomar acciones, entendemos que los caleños están cansados del encierro pero es por nuestro bien”.

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