Este jueves 7 de agosto se realizará una marcha en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez en varias ciudades del país.

En Cali, la movilización comenzará a las 10:00 a. m. en el Parque Panamericano (Parque de las Banderas) y se desplazará por la Avenida Quinta hasta llegar a la plazoleta Jairo Varela, en el centro de la ciudad.

La convocatoria se da luego de que el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá condenara al expresidente a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Además, le impuso una multa de más de 2.000 millones de pesos e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante más de ocho años.

Una condena en medio de tensiones políticas

Durante su intervención final, Uribe afirmó que la condena tuvo motivaciones políticas y denunció presuntas irregularidades procesales, como interceptaciones ilegales.

También anunció que ejercerá todos los recursos legales disponibles para apelar el fallo, cuyo expediente supera las mil páginas.

El abogado defensor solicitó una prórroga para revisar la sentencia, pero la jueza solo otorgó dos días adicionales, dejando el plazo máximo para apelación hasta el martes 13 de agosto a las 5:00 p. m., sin contar los fines de semana.

Convocatoria ciudadana en Cali

Desde el Valle del Cauca, distintos sectores sociales, políticos y ciudadanos han invitado a participar en la jornada como un acto de respaldo al expresidente.

El representante a la Cámara Christian Garcés, del Centro Democrático, afirmó que la manifestación busca defender el debido proceso y protestar por lo que considera una decisión judicial injusta.

“El caso del presidente Uribe es uno más de muchos en los que necesitamos que la justicia funcione y que se respeten los derechos. Nunca dio órdenes de violar la ley, y sin embargo fue condenado”, expresó Garcés.

Niegan libertad

Este lunes 4 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de suspensión provisional de la detención domiciliaria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras se estudia la tutela interpuesta por su defensa contra la decisión de la jueza Sandra Heredia.

Esto significa que el exmandatario, condenado a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno en actuación penal, continuará privado de la libertad hasta que haya un pronunciamiento de fondo.

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