El alcalde Maurice Armitage y otros mandatarios de ciudades capitales y gobernaciones del país acompañaron este lunes al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en la radicación de un proyecto de ley que busca combatir el tráfico de drogas y el narcomenudeo, castigar la reincidencia, hacerle frente a la ciberdelincuencia y garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas, todo esto con el fin de proteger a los niños del país.

Con este nuevo proyecto de ley se sancionarán de manera drástica a los delincuentes que venden droga a los niños y se contemplan penas de prisión de 10 a 20 años a quien “suministre, administre o facilite” drogas a menores de edad.

De igual forma, se prevén penas de cuatro a ocho años a quienes, en su condición de responsables de establecimientos públicos como bares, faciliten el tráfico de drogas.

“Cualquier medida que podamos tomar para proteger a los niños y niñas tendrá todo nuestro apoyo. Si hay un lugar donde debe haber cero tolerancia con las drogas es en los colegios y escuelas de nuestro país, y en los alrededores de las mismas”, señaló Armitage.

En efecto, con el proyecto la Fiscalía pretende también un incremento en las penas cuando el tráfico se hace en espacios como colegios, centros culturales, deportivos y medios de transporte.

Según manifestó el fiscal Martínez, “hemos inspirado un proyecto muy breve, pero muy puntual. Este proyecto toca los nervios del delito que más está afectando al ciudadano del común”.

“Estamos muy agradecidos con el fiscal, estamos convencidos de que se atacará esta problemática que es fundamental. La venta de drogas es la raíz de tantos problemas que hay en el país”, manifestó a su turno el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Los análisis de criminalidad realizados por la Fiscalía General de la Nación y el diálogo permanente con mandatarios municipales y departamentales, entre otras autoridades, evidenciaron un rezago en el tratamiento de varios fenómenos delincuenciales que aumentan en algunas zonas del país o mutaron y se valen de nuevas maniobras ilegales para dificultar su investigación y judicialización efectiva.

En respuesta a esa preocupación, la Fiscalía elaboró y presentó ante el Congreso de la República este proyecto de ley que propone revisar las sanciones penales a diversos comportamientos delictivos y dotar a los fiscales y demás autoridades de mejores herramientas para combatir la inseguridad.

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