En la autopista Suroriental de Cali, un agente de tránsito fue agredido en un incidente que generó preocupación en la ciudad.

Según relatos de testigos, el individuo implicado se negó a aceptar una multa y procedió a atacar al agente, ocasionándole lesiones.

Esta no es la primera vez que ocurre una agresión contra un agente de tránsito en Cali. Según el secretario de Movilidad, Wilmer Tabares Marín, desde el inicio del año hasta la fecha actual, se reportaron siete casos de agresiones físicas.

De estos casos, en cuatro ocasiones la Policía logró capturar al agresor y llevarlo ante las autoridades correspondientes. Además, se iniciaron cinco procesos de denuncia por agresión a servidor público ante la Fiscalía.

Ante este último incidente, que círculo ampliamente en las redes sociales, el secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, aseguró que están trabajando en coordinación con la Secretaría de Movilidad para presentar la denuncia correspondiente.

García hizo hincapié en que las lesiones a funcionarios públicos acarrean penas de 4 a 8 años de prisión. Asimismo, reiteró el compromiso de las autoridades locales de no permitir ningún tipo de agresión y de iniciar procesos de judicialización para identificar y sancionar a los responsables.

Garantizar la seguridad para servidores públicos

La reacción de las autoridades frente a esta situación es clave para garantizar la seguridad de los servidores públicos y la tranquilidad de la ciudadanía.

La coordinación entre diferentes entidades gubernamentales es fundamental para hacer frente a este tipo de incidentes y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de agresiones contra agentes de tránsito.

Es importante que la comunidad se sensibilice sobre la gravedad de estas agresiones y tome conciencia de la importancia de respetar y colaborar con los agentes de tránsito en el ejercicio de sus funciones.

La violencia contra los servidores públicos no solo afecta a las personas directamente implicadas, sino que también socava la confianza en las instituciones y en el estado de derecho.

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