A raíz del plantón realizado el pasado jueves por los ediles de Cali frente al Centro Administrativo Municipal (CAM), el Diario Occidente habló con los líderes, lideresas y el gobierno local para conocer el origen de la inconformidad.
Según Juan Fernando Villegas, edil de la comuna 3, necesitan que se cumplan las funciones y deberes que están en la constitución, porque dice, “nosotros estamos llamados a hacer audiencias públicas y acompañar a la Alcaldía conforme a la ley, eso se está eximiendo”.

En eso coincide Gustavo Aristizábal Martínez, edil de la comuna 17, quien hizo referencia a la ley 136 de 1994, en su artículo 318, en la que se reglamentan las funciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), y pidió que estas no se vulneren. “Somos elegidos por elección popular Art 260 de la Constitución y nuestro compromiso es con la comunidad, para el mejoramiento de cada territorio.

Desde la comuna 4, explicó la edil Stella Molina Almeida, integrante del comité de ética de la Asociación de Ediles (Asoediles) Cali, que para cumplir a cabalidad con su labor les hace falta todo, pues no cuenta ni con una hoja de papel para realizar sus documentos. Así mismo lo expresó Edgar Mauricio Pérez, líder de la comuna 14, quien dijo que requieren un lugar propio donde poder debatir, recursos para el desplazamiento, internet, telefonía, un salario para poder realizar eficazmente sus funciones.

“Somos una corporación como el Concejo, la Asamblea, el Congreso, pero sin las herramientas necesarias para ejercer nuestras funciones, como Ediles de Cali no tenemos un ingreso, todo lo asumimos con recursos propios”, agregó Pérez.
Ad-honorem

Mauricio Pineda de Lemos, edil de la comuna 2, sostuvo que básicamente las funciones de un edil son ad-honorem (sin retribución económica), y el tiempo dedicado al trabajo depende del tiempo libre que le pueda dedicar a ejercer su función, pero al representar a la comunidad que los eligió libremente, “estamos obligados a responder a esa responsabilidad diariamente y ejercer el control de lo publicó, en pro del bienestar de nuestra comunidad”, dijo.

“En nuestra comuna 2 contamos con una pequeña oficina para atender, si es necesario, al público en general y un auditorio anexo, dónde podemos celebrar reuniones de la JAL de forma presencial cuando se requiera, pero la dotación de insumos para la oficina aún no ha sido suministrada por la administración central del distrito de Cali”, manifestó Pineda de Lemos.

Sobre el tiempo que les toma a los ediles ejercer sus funciones, Diana Alejandra Fernández, edil de la comuna 22, expresó que puede ser extenso “si se desea realizar a cabalidad y participando activamente en la veeduría de procesos, entre otras actividades, y al ser todo ad honorem en mi caso no puedo dedicar el 100% del tiempo. Por eso se está pidiendo honorarios”.

En cuanto a la zona rural, Liliana Fernández Calambas, edil del corregimiento de Villacarmelo, señaló que como ediles no cuentan con garantías para el trabajo social que desempeñan y coincidió con los anteriores argumentos, reclamando un mayor apoyo en cuanto a las medidas de bioseguridad en su territorio.

“No contamos con acompañamiento técnico para cumplir con las funciones, ya que el 80% de los ediles son nuevos y se debe apoyar para que se realice un trabajo articulado porque fuimos elegidos por voto popular. Así como concejales, diputados y alcaldes tienen asesores o apoyo técnico nosotros también lo deberíamos tener, máxime cuando estamos trabajando a honoris causa”, sostuvo.

Evelin Daniela Imbachí, edil del corregimiento de Los Andes y Libia Laniado Calero, de Felidia, aseguraron que para ellas que residen en la zona rural se les dificulta la movilidad, sacar copias, pagar internet, por eso piden incentivos.
Concertación

El pasado jueves y viernes, los ediles y Roy Alejandro Barreras, director de Planeación, se reunieron en una comisión para resolver las inconformidades por las resoluciones 030, 037 y 038 de 2020, con las que los comuneros afirman se les está vulnerando sus funciones. Según Cristian Perea, edil de la comuna 21 y presidente de Asoediles, la reunión se extendió hasta hoy lunes para concertar los puntos pendientes y darle una salida que beneficie a la comunidad.

“Con los consejos consultivos que se crean, los directores de Cali están escogiendo a dedo nueve personas: tres de la Junta de Acción Comunal, tres de grupos organizados y tres de grupos no organizados, mientras una comuna tiene 28 barrios otros tienen 16 o 36, unas con más de 200 mil habitantes, entonces nosotros lo que estamos exigiendo es que con esa resolución se incluya a toda la comunidad y los presupuestos, los cuales ya fueron aprobados”, expresó Perea.

Como respuesta, el Director de Planeación dijo que los ediles tienen un rol central y fundamental en el modelo de Cali Distrito y afirmó que los comuneros cuentan con la mayor garantía de sus atribuciones constitucionales y legales, “la ley 1551 del año 2012 ordena que sean las JAL quienes aprueben los presupuestos participativos de comunas y corregimientos, previo concepto de unos consejos consultivos de cada comuna y corregimientos, y al conformarlos estamos dándole cumplimiento a dicha ley”, aseguró Barreras.

Y puntualizó que “se respeta el derecho de las JAL a tomar la decisión sobre los presupuestos participativos, son ellos la máxima autoridad de la comuna y serán ellos quienes, de acuerdo con la ley 1551, distribuyan y orienten las partidas presupuestales en cada comuna y corregimiento. Ese derecho no se les ha quitado, a nadie se les va a quitar y tienen toda la autonomía para asignarlos”.

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