Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, emitió una alerta a las autoridades ante las crecientes amenazas de grupos criminales dirigidas a líderes comunitarios y sociales en la ciudad.

Afirmando que al menos diez líderes recibieron intimidaciones que provienen tanto de escritos anónimos como de grupos insurgentes.

El personero resaltó la necesidad urgente de intervención por parte del Estado y la importancia del acompañamiento de la Personería en estos casos.

Mendoza destacó que es vital activar de inmediato las rutas de protección para salvaguardar las vidas de quienes trabajan en pro de sus comunidades.

“Los líderes no están solos”, afirmó.

Asimismo, enfatizó que la Administración de Cali debe proporcionar todas las garantías necesarias para evitar la desestabilización del orden público.

La protección de los líderes comunitarios es esencial para mantener la paz y la estabilidad en los barrios de la ciudad, y cualquier intento de intimidación que ponga en peligro sus vidas debe ser enfrentado con determinación.

¿Quién envía estas amenazas?

En cuanto al origen de las amenazas, Mendoza explicó que algunas provienen de comunicaciones anónimas, mientras que otras son atribuidas a grupos insurgentes con intereses en los territorios.

Esta situación, indicó, debe ser tomada como una señal de alerta para que las autoridades actúen de manera contundente y protejan a los líderes comunitarios.

Además, el personero hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que agilice los trámites necesarios para establecer esquemas de seguridad eficaces.

La UNP tiene la obligación de brindar protección a quienes están en peligro debido a su labor comunitaria.

Mendoza Castrillón destacó que estas personas desempeñan un papel crucial en el bienestar de los barrios, y su seguridad debe ser una prioridad para el Estado.

La situación en Cali generó una respuesta por parte de la Policía y el Ejército, quienes están atentos a la presencia y acciones de los grupos criminales en los territorios.

Mendoza señaló que estos actores armados buscan protagonismo y visibilidad, lo que llevó a una mayor atención mediática y operativa por parte de las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento, se identificaron diez casos de amenazas contra líderes comunitarios, pero el personero advirtió que este número podría aumentar.

La cifra actual podría elevarse a quince o incluso veinte casos, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de todas las entidades involucradas.

La Personería de Cali se mantiene vigilante y comprometida con la protección de los derechos de los líderes comunitarios.

Mendoza Castrillón reiteró que su oficina continuará monitoreando la situación y trabajando en estrecha colaboración con otras entidades para garantizar la seguridad de quienes están en riesgo.

La protección de estos líderes es fundamental para preservar la cohesión social y la estabilidad en los barrios de Cali.

Según los informes de Indepaz y otras fuentes, entre enero y junio de 2024 se registraron entre 75 y 86 asesinatos de líderes sociales y comunitarios en Colombia.

La mayoría de estas víctimas fueron asesinadas por oponerse a grupos armados ilegales o por defender los derechos de sus comunidades.

Indepaz documentó 86 líderes asesinados hasta el 27 de junio de 2024, mientras que la ONU reportó 43 denuncias de muertes violentas de líderes hasta el 31 de marzo de 2024.

El 55% de estos asesinatos ocurrieron en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, del Acuerdo de Paz.

Los departamentos más afectados por estos homicidios son Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Putumayo.

Aunque no se tienen cifras precisas sobre el número de líderes que denunciaron amenazas en lo que va del año, la violencia y la inseguridad continúan siendo problemas graves para los defensores de derechos humanos en Colombia.

Estos datos subrayan la necesidad de una mayor protección y medidas efectivas para garantizar la seguridad de quienes trabajan en la defensa de los derechos de sus comunidades.

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