Mediante un comunicado de la Procuraduria General de la Nación, se dio a conocer una solicitud realizada a la Superintendencia de Salud en el que se pide intervenir inmediatamente a la EPS Coomeva con el propósito de garantizar la prestación de los servicios a los dos millones de usuarios afiliados a esta entidad, ya que podrían estar en riesgo, tras la situación financiera que enfrenta la EPS.

De igual forma señaló que la deuda de 2.2 millones que tiene Coomeva, impide a algunas IPS prestar los servicios de salud a los afiliados, sin embargo, Coomeva se ve obligada a pagar anticipadamente con tarifas plenas superiores a las estipuladas en los acuerdos contractuales con otras entidades para poder cumplirle a los usuarios.

También se ha presentado un aumento de quejas contra Coomeva por presuntas irregularidades en el servicio, en los primeros siete meses de 2019, el total de las quejas presentadas es de 42.702, mientras que el año pasado fue de 60.824.

Cabe resaltar que la mayoría de las irregularidades tienen que ver con las barreras de acceso para la atención de enfermedades de alto costo, falta de oportunidad y continuidad en procesos de atención en salud, realización de exámenes de apoyo diagnóstico, citas médicas de control con especialista y entrega de insumos y medicamentos.

Asimismo, dentro de las acciones adelantadas por el Ministerio Público se han descubierto evidencias que permitirían establecer que la EPS estaría en una crisis financiera, ya que no cuenta con una red de servicios asistenciales, presenta un elevado número de tutelas y desacatos, y tiene fallas en los programas preventivos.

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