La participación de menores de edad en hechos delictivos ha sido por años objeto de intensos debates públicos nacionales e internacionales, precisamente por el impacto que tiene este tema a nivel social, familiar, escolar, político y jurídico.

Esto ha generado un debate entre quienes reclaman el endurecimiento de las penas para los menores de edad que infringen la ley, especialmente para quienes son utilizados por organizaciones delincuenciales como sicarios, y quienes plantean la necesidad de apostar por su resocialización.

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes tiene una finalidad protectora, educativa y restaurativa, que no se cumple, pues muchos de los menores infractores regresan al mundo del delito después de cumplir sus sanciones.

Por esta razón el British Council, a través de su proyecto ‘Apoyando a Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley – Syoc’, por sus siglas en inglés ‘Supporting Young Offenders In Colombia’, promueve la formación del personal que maneja a los adolescentes infractores de la ley.

“El British Council tiene una preocupación por los jóvenes en todo el mundo y en Colombia ha enfocado parte de su trabajo en sociedad en los adolescentes en conflicto con la ley, principalmente por ser una población invisibilizada y estigmatizada, que requiere de apoyo para poder fortalecer sus proyectos de vida y contribuir así a la consolidación de un país en paz”, aseguró Catalina Holguín, Líder de Proyectos del British Council.

En números
Cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, evidencian que desde el 15 de marzo de 2007 hasta el 30 noviembre de 2017, el Sistema de responsabilidad Penal para Adolescentes atendió un total de 241.144 jóvenes. De ellos, el 88% eran hombres y el 12% mujeres.

Estos datos muestran, además, que la mayor incidencia de delitos cometidos se concentra en las edades entre los 15 y los 17 años, abarcando de esta manera el 88% de los casos.

Un estudio de esta misma entidad, pero realizado en 2015, da cuenta de la realidad de los adolescentes en conflicto con la ley, y refleja que han sido las múltiples condiciones económicas, sociales y familiares las que han facilitado el camino de quienes buscan a los menores de edad para llevarlos a delinquir.

Un informe de la Procuraduría General de la Nación, señala que el perfil de estos adolescentes evidencia que ellos también fueron víctimas así: el 100% víctimas de maltrato infantil; el 76% víctimas de violencia sexual; el 89% carencias afectivas; el 86% consumen sustancias psicoactivas; el 33% de los infractores fueron trabajadores infantiles; el 44% delinque como medio de subsistencia y el 41% ha sido habitante de calle (Hombre) y 63% (Mujeres).

El reto en la capital del Valle del Cauca
La capital del Valle del Cauca es la tercera región de Colombia con el índice más alto de jóvenes en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes . Según cifras del Icbf, desde marzo de 2007 hasta junio de 2017, el sistema atendió un total 15.148 jóvenes en la ciudad.

En Cali se trabajó en la necesidad de brindar oportunidades laborales y de inclusión ciudadana a aquellos jóvenes que cumplen con su sanción al interior de los CAE y en crear un programa educativo oficial que brinde formación pedagógica, teoría, práctica y conceptual a las personas encargadas de orientar y acompañar a los adolescentes durante su permanencia en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Al primero de estos dos planes se le denominó ‘Reparchate con la vida’, “Que busca que los jóvenes que egresan del Sistema puedan contar con oportunidades que los aleje de entornos marcados por la violencia, la indiferencia y la ilegalidad”, afirmó Felipe Botero, Subsecretario de Derechos Humanos y Construcción de Paz, de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali.

De acuerdo con Botero, “Por medio del Programa Gestores de Paz y Cultura Ciudadana estamos cerca de empezar un proyecto piloto con cinco jóvenes egresados del sistema, que una vez ingresen al programa recibirán un acompañamiento psicosocial, una formación en cultura ciudadana y podrán finalizar con aquellos estudios que no tengan culminados, ya sea en educación media o técnica”, agregó Botero, quien a su vez es enfático al mencionar que,

“Si el joven o la joven cumple adecuadamente con todos estos requisitos recibirá un incentivo ‘condicionado’ de $1.100.000 y la oportunidad durante 18 meses de adquirir experiencia laboral. Nuestra idea es que una vez termine su paso por el programa pueda ser vinculado laboralmente en un empresa que apoye estos procesos de inclusión”.

Finalmente, en la capital del Valle del Cauca se llevó a cabo el plan de acción ‘Formación Especializada’, que junto con el de ‘Ambientes Seguros’ en Bogotá, le apuesta a cualificar a los equipos interdisciplinarios de los CAE para que de esta manera los servicios que se brinden a los adolescentes sean protectores, especializados, pedagógicos y restaurativos, tal como lo establece como finalidad el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

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