Proyecto de ley, cultivos ilícitos

El Ministerio de Justicia y del Derecho radicó ante el Congreso una iniciativa que ofrece tratamiento penal diferencial a los pequeños cultivadores, la cual se sustenta en la renuncia especial a la acción penal y la sanción penal incorporada en el Acuerdo de Paz.

“Se busca fundamentalmente beneficiar a pequeños cultivadores que hayan incurrido en las conductas previstas en el artículo 375 de la Ley 599 de 2000. Está previsto que se beneficien unas 100.000 familias”, manifestó el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, quien explicó que la iniciativa, por ser un desarrollo del Acuerdo Final de La Habana, se tramitaría vía fast track.

El alto funcionario añadió que este proyecto hace una diferenciación cualitativa y cuantitativa en la medida en que busca perseguir a las organizaciones criminales que han generado problemas macro, algo que no corresponde a los pequeños cultivadores. “No queremos que se sancione el eslabón más débil de la gran empresa del narcotráfico”, puntualizó.

Para poder acceder a dicho beneficio, el proyecto de ley propone a estos pequeños cultivadores vincularse al Programa Nacional de Sustitución de cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y suscribir un compromiso en el que renuncien a cultivar o mantener plantaciones ilícitas.

Dicha iniciativa fue socializada y concertada con el Consejo Superior de Política Criminal, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Policía Antinarcóticos y la Alta Consejería para el Posconflicto.

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