Del Derecho a un diagnóstico oportuno

Los pacientes que presenten síntomas que indiquen sospecha de cáncer o enfermedad de la sangre tienen derecho a que de manera inmediata les hagan todos los exámenes para confirmar o descartar la presencia de tales enfermedades.

Así lo ordena la Ley 1388 de 2010 –Ley de Protección Especial para los niños con Cáncer o Enfermedades de la Sangre, y la Ley 1384 de 2010 –Ley Sandra Ceballos de Protección Especial para los adultos con Cáncer-; estas leyes tienen como propósito disminuir el índice de morbilidad por estas dolencias, pues los médicos especialistas en la materia señalan que estas enfermedades diagnosticadas a tiempo, con el tratamiento oportuno y sin interrupciones ofrecen posibilidades de sobrevida del 80%.

La ley pretende evitar que las tramitologías, la tardanza en los exámenes, en la valoración del especialista, tornen la enfermedad irreversible. De tal manera, que aquellos pacientes que presenten síntomas que indiquen sospecha de estas enfermedades tienen todo el derecho de exigir a su EPS y al médico tratante la realización de todos los exámenes para confirmar o descartar la presencia de estas enfermedades, amparándose en estas leyes; de tal suerte, que de confirmarse la enfermedad, los tratamientos se inicien a tiempo y sin interrupciones.

No obstante, las EPS y algunos médicos no cumplen con este mandato legal y con la solidaridad que merecen estos pacientes; dado que en la mayoría de los casos estas personas deben recurrir a la acción de tutela para que les hagan los exámenes clínicos, y confirmada la enfermedad, tienen que esperar, incluso, hasta 8 meses y 1 año para la valoración del especialista, lo cual es absurdo desde todo punto de vista, porque el paso del tiempo es determinante en estas enfermedades.
Hagan valer su derecho.

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