Por Angélica Marcela Carvajal Lasso
Consultorio jurídico Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

Colombia es un país garante de derechos, como lo establece en su preámbulo la Constitución Política de 1991, en la que se compromete a asegurar la igualdad y la justicia que garanticen un orden social justo.

En su artículo 229 señala que “se garantiza el derecho a toda persona a acceder a la administración de justicia…”, y en su artículo 116 otorga facultades al Estado para asignar la función de administrar justicia a particulares en circunstancias específicas.

Sin embargo, es una realidad que las personas o grupos en condición de vulnerabilidad o indefensión, tienen limitaciones para acceder a la defensa de sus derechos y contar con una asistencia jurídica que brinde respuesta a sus conflictos, debido a su condición económica, ya que no cuentan el presupuesto para pagar los honorarios de un abogado que les acerque a la administración de justicia.

Es aquí cuando cobran importancia para la comunidad, instituciones creadas a partir de la Constitución del 1991, como lo son los Consultorios jurídicos universitarios y las Casas de justicia, entidades que no solo han contribuido en gran manera en la atención a la población que no cuenta con las condiciones económicas para sufragar los gastos de un abogado, sino que también han servido para la descongestión del sistema judicial.

Consultorios Jurídicos

Los consultorios jurídicos en Colombia fueron creados a partir de la Ley 196 de 1971, que exigió a las facultades de Derecho su creación, y tiene como uno de sus objetivos contribuir a la disminución de la desigualdad jurídica que existe en la comunidad, ya que se encargan de proveer asesoría gratuita a las comunidades vulnerables de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.

Actualmente, se encuentran regulados mediante la Ley 2113 de 2021, estableciendo como uno de sus principios “… la defensa de derechos de sujetos de especial protección constitucional y personas naturales que carezcan de medios económicos para contratar los servicios de un profesional en Derecho, o en general personas o grupos que, por sus circunstancias especiales, se encuentren en situación de vulnerabilidad o indefensión, en los términos establecidos en la presente ley”.

En Cali, existen alrededor de 7 consultorios jurídicos de las universidades que cuentan con facultad de derecho, donde se puede acudir para recibir el servicio obligatorio y gratuito de asistencia jurídica, que prestan los estudiantes de derecho bajo la guía y supervisión del personal docente y administrativo de la institución, dentro de los asuntos de competencia delimitados en la Ley 2113 de 2021.

Casas de justicia

Las Casas de Justicia, surgen de un proyecto promovido por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) desde 1990.

Las primeras casas de justicia hicieron parte del Plan de Desarrollo del gobierno de Ernesto Samper entre 1994 y 1996.

El modelo original de estas casas de justicia se orientó a prevenir y evitar conflictos dentro de las propias lógicas comunitarias y atendiendo sus propios lenguajes.

Por ello, en Colombia mediante el Decreto 1477 de 2000, se adoptó el Programa Nacional Casas de Justicia, con el objetivo de facilitar a la comunidad el acceso a la justicia, prioritariamente en las zonas marginales.

Es decir, que las Casas de Justicia en la actualidad también tienen el rol de acercar la justicia a las poblaciones desfavorecidas mediante la asistencia jurídica gratuita.

En Cali, existen las Casas de justicia Siloé, Casa de justicia Agua Blanca y Casa de justicia Alfonso López, donde las personas reciben una respuesta a sus problemáticas jurídicas mediante la intervención coordinada de las diferentes entidades de orden municipal y el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos.

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