Por, Milton Fernando Montoya
Abogado Of-Counsel de Holland & Knight

Nos corresponde en esta oportunidad presentar nuestras impresiones sobre la situación del sector minero en Colombia y las acciones sugeridas para dinamizar el sector, de cara a ser un verdadero protagonista de nuestra transición energética responsable.

En primer término, debemos destacar que en el presente gobierno se ha privilegiado el fomento hacia la formalización minera y la protección de los pequeños mineros, las comunidades mineras y todas aquellas formas asociativas que integran, bajo uno u otro contexto, la pequeña minería informal.

Ello, con la intención proteger su actividad y pretender una formalidad contractual en su relación con el Estado.

Esto debe resaltarse y reconocerse dentro de un contexto nacional con una desbordada informalidad minera que, según estimaciones, llega al 70% (Universidad de los Andes, 2022), lo que conlleva a plantear como una de las herramientas para hacerle frente a esa realidad, el impulso a los procesos de formalización que permitan la garantía de los derechos laborales de quienes desarrollan esta actividad y que además, sea un punto de partida para que desde la pequeña minería también se tengan buenas prácticas ambientales.

Formalización minera

Del mismo modo, desde la política gubernamental actual se ha promovido la creación de una empresa pública minera (Ecominerales), en virtud del proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República y una “sui generis” Ley Minera, que en realidad deroga buena parte del Código de Minas vigente (Ley 685 de 2001), cuyo proyecto de ley también ha sido radicado en el parlamento.

Ambas figuras convergen en un nuevo modelo minero, donde el Estado es protagonista siendo autoridad, regulador, empresario, comercializador, dejando a la iniciativa privada un papel residual y donde, en la práctica, el otorgamiento de un nuevo título minero a un particular sería una verdadera “hazaña”.

En consecuencia, se estatizó la industria minera, pudiendo incluso declararse por terminados proyectos y operaciones privadas en curso.

Estatización minera

Cabe resaltar que estas dos medidas de “estatización” de la actividad minera, tanto la nueva ley minera como la creación de Ecominerales, no pretenden la dinamización ni la integración de un nuevo participante del mercado de minerales que compita en las mismas condiciones, sino la inclusión de un actor que, teniendo en cuenta las facultades otorgadas, controle el mercado casi en su totalidad.

Sobre este punto, surge la inquietud de si esta nueva empresa estatal estará en la capacidad económica para asumir casi por completo una industria de gran incertidumbre económica que requiere de grandes inversiones que pueden no generar retorno en muchas ocasiones.

Asimismo, no debemos olvidar que no es la primera vez que se intenta la creación de una empresa estatal minera en el país que, por cierto, ya ha fracasado en el pasado, debido, entre otras razones, a deficiencias técnicas en su gestión, corrupción y/o un endeudamiento insostenible.

En la otra cara de la moneda, la actual política ambiental y agrícola también pretende la restricción de la actividad minera.

Conocidas son las figuras como Áreas de Protección para la Producción de Alimentos – APPAS, las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos –ZPPAS (Artículo 32 Ley 2294 de 2023 “Plan Nacional de Desarrollo”), las reservas de recursos naturales de carácter temporal (Decreto 044 de 2024), en especial la declarada recientemente en Santurbán (Resolución 0221 de 2025) y también los últimos lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá (Proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente del 28-02-2025).

Todas estas iniciativas vuelven al modelo soviético de planeación económica centralizada donde desde Bogotá se vulnera la autonomía de las entidades territoriales en materia económica, la libre iniciativa privada, la libre empresa, el ordenamiento territorial descentralizado, etc. y, que naturalmente, termina prohibiendo la actividad minera en las zonas “reguladas” por todas estas disposiciones.

Inversión, sostenibilidad y el futuro

Desde la promoción a la inversión el panorama no es mejor. Han sido claros y reiterados los mensajes del Gobierno satanizando y condenando a la industria minera, especialmente la minería de carbón, con sindicaciones que, literalmente, han “espantado” la inversión.

Empeorando la situación, con todas aquellas disposiciones tributarias sobre la actividad minera, especialmente de carbón, que han afectado la viabilidad financiera de los proyectos en curso y sepultado cualquiera futuro.

Por ejemplo, conocida fue la intención de prohibir la deducción del pago de las regalías para determinar el impuesto sobre la renta en el sector extractivo que, aunque haya sido declarado inexequible, naturalmente envían un mensaje de incertidumbre, desconfianza e inseguridad jurídica.

Finalmente, a pesar de lo mencionado en materia de formalización, debemos volver al concepto según el cual minero tradicional es aquel que no usa medios mecanizados, sino que, precisamente, la ausencia de los mismos hace parte de su condición tradicional de hacer minería.

Por lo tanto, un minero que se llama tradicional no podría tener retroexcavadoras en su área de explotación, “dragones”, herramientas neumáticas o cualquier otro medio mecanizado.

De lo contrario, estamos desnaturalizando la figura de la formalización de mineros tradicionales y estamos simplemente en un peligroso
escenario de legalización de minería mecanizada sin título.

Ojalá en una próxima administración del recurso minero en nuestro país se tenga en cuenta este panorama, fomentemos la exploración y explotación de minerales estratégicos, como el cobre, diseñemos política pública dirigida al fomento de la innovación en esta industria, de la tecnología, de la inteligencia artificial, creemos más “sellos verdes” o “sostenibles” de los minerales provenientes de nuestras comunidades, fomentemos las mejores prácticas en materia de sostenibilidad minera y cuidado de la biodiversidad, volvamos a ver al empresario minero como un socio aliado del Estado, enviemos mensajes de confianza que fomenten la inversión, recuperemos la estabilidad
jurídica, enfrentemos vigorosamente la mal llamada “minería ilegal” y reconozcamos el aporte que esta industria hace al país, a sus regiones y entendamos que sin minería no hay transición energética posible.

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