Sí a la paz

Que  sectores políticos, empresariales y religiosos estén en contra del proceso de paz  tiene cierto sentido. Qué le vamos a hacer si algunos sectores políticos le han sacado provecho electoral a la guerra, entre más dolor y muertos, su discurso belicista tiene mayor asidero y cuando de por medio hay mezquindad, lo electoral primará siempre sobre los más altos intereses nacionales; del mismo modo se entiende la racionalidad de algunos poderosos sectores económicos, les preocupa que  “con el asunto ese de la paz”, se le ponga la lupa a sus privilegios legales, “ilegales”, tributarios, económicos y en general que se les “caliente” su zona de confort.

Dicen defender la democracia, pero, eso sí, entre poquitos; en relación con unas pocas confesiones religiosas, que asocian la izquierda con el anticristo, pues también se entiende, máxime con lo que está pasando en Venezuela y que lo han vendido como el modelo inexorable a seguir, tras el fin de la guerra.

Lo que resulta sorprendente es la postura del procurador Ordóñez, que tiene obligaciones constitucionales como: la promoción, protección y ejercicio de los Derechos Humanos, que han sido radicalmente vulnerados por la acción de la guerra. Por consiguiente, debería ser un entusiasta defensor del proceso y no fungir como un recalcitrante opositor que le ofrece cárcel y sanciones, en principio al presidente Santos y hoy al resto de los funcionarios comprometidos con la paz.

La ley del plebiscito, el artículo 22 de la Constitución Nacional y el plan de desarrollo habilitan a los funcionarios para “militar” fervientemente en el más importante proyecto político de los últimos tiempos, el de la paz.

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