La trampa de la constituyente

Decirle “no” a una Asamblea Constituyente no es un capricho. Es una decisión que obedece a razones jurídicas y políticas para avanzar en el fin del conflicto, sin poner en riesgo las garantías constitucionales que logramos desde 1991. Las Farc insisten en convocar una Asamblea Nacional Constituyente, curiosamente al unísono con Álvaro Uribe Vélez.

Se trata de una iniciativa inconveniente, porque la actual Constitución contempla mecanismos de reforma o de refrendación popular, y porque políticamente los colombianos logramos desde 1991 una Constitución que le apuesta a una sociedad igualitaria y que promueve ampliamente espacios de deliberación y movilización democrática. Abrirle la puerta a una constituyente pondría en riesgo los avances en sus más de 20 años de vigencia.

La Constitución de 1991 desde sus inicios, se fundó en la democracia participativa como eje central de la nueva organización del Estado y le otorgó a la participación ciudadana el carácter de derecho fundamental. Contamos, entonces, con herramientas ágiles para lograr la legitimación que demanda el grupo guerrillero.

Por todas estas razones, es una trampa la propuesta de las Farc y del senador Uribe Vélez. Una vez elegida, esta constituyente se daría su propio mandato sin límites para cambiar el orden constitucional. Si lo que se quiere es darle seguridad jurídica a los acuerdos, el plebiscito reconocerá, no solamente la manifestación de los colombianos, sino que nos permitirá a todos ser parte del proceso pedagógico sobre el contenido del acuerdo, para asegurar que esa manifestación esté fundada en la información y no solo en la pasión.

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