Crisis en la educación caleña

Mientras en Bogotá en una década inauguraron 80 nuevos colegios públicos y en Medellín 54, en Cali sólo se construyeron 2, porque anteriores administraciones prefirieron  contratar con los privados la ampliación de cobertura.

La crisis que afrontamos  y que se agudiza ahora que se quiere implementar la jornada única, es fruto de una política irresponsable que llevó a que en menos de diez años la cobertura contratada creciera en cien mil matriculas privadas.

Por eso es plausible que la  ministra de Educación, Gina Parodi, emita el  decreto 1851 del 16 de septiembre de 2015 y que autorice a nuestra Alcaldía finiquitar los contratos a aquellos colegios privados rajados en las Pruebas Saber.

También congratula que la doctora Luz Elena Azcarate, secretaria de educación, en rueda de prensa manifieste el empeño del Gobierno municipal de reubicar a 26.800 estudiantes en instituciones oficiales.

A las administraciones que incubaron esta crisis educativa, se les olvidó, extrañamente, que la Ley 715 de 2002 señala que contrataría con la cobertura privada sólo en los lugares donde el Estado no pudiera prestar directamente el servicio.

Aplaudamos que la Secretaría estime que  “los colegios privados que tengan calidad serán aliados estratégicos, pero las instituciones oficiales siempre serán los socios naturales”. Son buenos los propósitos ministeriales con la jornada única para favorecer a los estudiantes colombianos pobres.

¿Cómo hacerlo en nuestra ciudad donde deben reubicarse estudiantes provenientes de 26 colegios privados y la mayoría de los públicos tiene doble jornada? Falta que se construyan 1.303 nuevas aulas y se habiliten  espacios para restaurantes escolares dignos.

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