Vuelven las noticias sobre la educación impartida en Cali debido a que 30 mil estudiantes, matriculados en 63 colegios privados contratados para la ampliación de cobertura, el próximo año lectivo quedarían en el limbo.
El problema se genera porque en las pruebas Saber tales colegios contratados obtuvieron resultados por debajo del percentil 20 y el decreto 1851 emitido por el Ministerio de Educación Nacional el 16 de septiembre de 2015, para renovarles el contrato exige que sean superiores a 35.
Esto se preveía desde que por causa de la cobertura contratada los docentes oficiales quedaban sin carga académica y las instituciones públicas vacías.
A pesar de que en otrora por el manejo de 16 mil millones de pesos de la ampliación de cobertura hubo detenidos, la modalidad privada continuó campante, inclusive durante las Secretarías regentadas por maestros sindicalistas.
La contratación siguió a pesar de un informe de la Contraloría en el 2011 sobre las irregularidades. Ahora que las pruebas Saber demuestran que la ampliación de cobertura privada no le garantiza ningún futuro profesional a los estudiantes de estratos populares y le hace competencia desleal a la educación pública, las administraciones municipales, salientes y entrantes, en su empalme deberán acordar medidas definitivas.
Si a tales 63 colegios privados sin impacto educativo se les iba a girar 37.500 millones de pesos contratados por ampliación de cobertura, ¿por qué mejor con esa suma no construyen nuevas aulas y nombran más docentes? En vez de contrataciones, los caleños queremos que se asuma el compromiso social de ofrecerle a la ciudad nuevas construcciones escolares.
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