Cali, noviembre 20 de 2026. Actualizado: viernes, noviembre 20, 2026 19:01
El Consejo de Estado negó las solicitudes de nulidad interpuestas en contra del fallo de tutela que revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual se decidió, a través de tutela, que la consulta popular no puede prohibir la actividad taurina por ser el Congreso de la República el único competente para impedir o permitir la práctica del llamado “espectáculo taurino”.
Así mismo, se confirmó la decisión de tutela mediante la cual dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avaló la iniciativa del Distrito de promover una consulta popular para conocer si la ciudadanía de Bogotá está o no de acuerdo con la realización de las corridas de toros.
Quienes solicitaron la nulidad del fallo, argumentaron que no fueron notificados debidamente, pues no se les informó del proceso de tutela a las asociaciones antitaurinas. Además, estimaron que la tutela no era el medio para dejar sin efectos una consulta popular.
La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Elizabeth García González, explicó que según la normativa una acción de tutela se debe notificar a las partes e intervinientes en la forma que el Juez considere más expedita y eficaz. Tal requisito se cumplió mediante la publicación de la admisión de la tutela en la página web del Consejo de Estado y en aviso publicado en el periódico El Tiempo, diario de amplia circulación.
Dicha divulgación cumplió con la finalidad de garantizar el principio de publicidad y permitir el acceso a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta que se empleó el recurso tecnológico con el que cuenta actualmente la Corporación.
Por su parte, la divulgación en el periódico se dirigió a los terceros interesados “y no pretendió suplir la notificación que eventualmente debiera hacerse a personas que pudieran resultar afectadas en su posición jurídica con las resultas del proceso, porque no se constató la existencia de dicha afectación y, por consiguiente, se descarta la obligación de notificar a todos los hipotéticos interesados”, señala la sentencia.
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