A Colombia le ha costado mucha sangre construir Estado. Su institucionalidad se ha levantado a través de los años, sacrificando generaciones enteras y en medio de la violencia.
Hoy, esa institucionalidad es lo suficientemente sólida para soportar el estado excepcionalísimo de un proceso de paz que nos va a permitir ponerle fin a un conflicto que lleva más de seis décadas y que ha dejado muchos muertos en el camino, entre ellos a mi padre. Digo esto como víctima, pero no en representación de mi familia ni mucho menos de las más de siete millones de víctimas que ha dejado el conflicto en este país.
Yo, estaría dispuesto a renunciar a cualquier acción judicial contra los asesinos de mi padre a cambio de conocer la verdad de lo que sucedió, por qué lo asesinaron y los detalles de la participación de narcotraficantes del cartel de Medellín y Cali, de los paramilitares del Magdalena Medio, de políticos cómplices y coautores, incluso de los organismos de seguridad del Estado.
Estamos entrando en uno de los debates más importantes de este proceso de paz: la definición de justicia.
Por eso, necesitamos preguntarnos cuál es el grado de justicia que estamos dispuestos a sacrificar para acometer la paz y luego debemos ponernos de acuerdo como en esa definición.
Procesos de paz en otros países muestran nociones de justicia amplias como la justicia restaurativa. Esta, aunque es dolorosa para las víctimas porque las obliga a revivir la experiencia de dolor, es liberadora porque permite alcanzar la reconciliación, que debe ser el propósito final.
Que un victimario esté tras una cárcel realmente no sana las heridas, lo que en realidad las cura es conocer y alcanzar la verdad.
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