Deportación masiva – II

La denuncia ante la CPI debe documentarse de manera minuciosa porque no es solo el doloroso hecho de las expulsiones masivas sin previo aviso, sino la clase de permanencia que tenían los deportados. Si habían obtenido los permisos y el estatus de residentes, la deportación abrupta se configura como delito de Lesa Humanidad, de otra forma no.

El mundo está asistiendo a muchas formas de expulsiones, deportaciones, acosos, persecuciones contra poblaciones que consideran incómodas, contra inmigrantes hambrientos, contra grupos humanos desprotegidos  por desposesión de la tierra, contra etnias por racismo y xenofobia, contra sectores por apoyar rebeldes que se han alzado para combatir dictaduras…

El problema es muy grave porque esos deportados colombianos desde el Táchira eran refugiados sin estatus, habían huido de Colombia por el fuego cruzado entre Ejército y guerrilla, otros entre guerrillas y paramilitares. O sea, eran desplazados internos y se convirtieron en refugiados forzados y ahora los devuelven como expulsados a la brava sin los trámites de una deportación. Una degradación doble sin que ninguno de los dos países los haya ayudado y sin que ningún organismo multilateral los oriente ni ayude: ni la ONU, ni la OEA ni Unasur.

Lo que falta en la vía diplomática es practicar los mecanismos de solución pacífica de los conflictos: el acercamiento de las cancillerías fue un primer paso, los buenos oficios entre las cabezas de los organismos multilaterales (Celac y Unasur), las iniciativas de países amigos, la mediación, la investigación, el arbitramento, etc. Pero todo parecerá inútil porque la táctica de Maduro es enrarecer más el clima de tensión para poder vencer en las elecciones de noviembre donde no la tiene fácil, o cancelarlas.

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