Hace dos años la revista Semana realizó una serie de denuncias sobre malos manejos en Comfenalco, señalando de manera particular a su director, Felice Grimoldi.
Los cuestionamientos se dirigían a excesos en los gastos administrativos y en bonificaciones a los directivos por cerca de $5.800 millones. En general, amplios sectores de la sociedad respaldaron a la caja y justificaron las acciones de los directivos argumentando que la entidad no era pública y que las actuaciones estaban dentro del marco legal.
Sin embargo, producto de estas investigaciones la Procuraduría General de la Nación decidió la semana pasada inhabilitar a Grimoldi por 10 años para ejercer cargos públicos. La decisión no incluye destitución, pues no se trata de un funcionario del Estado.
En ese sentido, la sanción es pírrica porque manda el mensaje de que en las cajas se puede hacer lo que sea con los aportes parafiscales, siempre y cuando los funcionarios no aspiren a ocupar cargos públicos.
Esta sanción al director de Comfenalco coincide con las presuntas irregularidades denunciadas por la Contraloría en Comfandi que también evidenciarían malos usos en los recursos de los trabajadores. Según el ente de control, en esta caja los gastos administrativos superan el 19% de los aportes de las empresas cuando según la ley no pueden estar por encima del 8%.
¿Qué significaría esta cifra? ¿Personal en exceso, altos salarios, bonificaciones, viáticos y compras excesivas? Estas entidades viven en el paraíso, en un mundo irreal marcado por ingresos fijados por ley pero sin tener que responderle al Estado por la destinación de los mismos.
Los hallazgos invitarían a estas entidades a no olvidar que cada peso mal gastado se traduce en menores beneficios para los trabajadores. La austeridad debería ser un principio de las cajas, como en todas las empresas.
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