Autoritarismo, antónimo de la eficiente gestión

A raíz de las declaraciones un tanto destempladas que emitió sobre unas decisiones como administrador público el saliente secretario de Tránsito, Omar Cantillo, además al conocer del regreso a esa dependencia de Alberto Hadad, ciudadano polémico y autoritario; así mismo a sabiendas de la necesidad para el alcalde Guerrero de empoderar a un sucesor venido del sector empresarial y de su círculo social, resulta necesario opinar que son muy destructivas todas las acciones y declaraciones de carácter déspota, y ante ello no está por demás recordarles a los secretarios y altos funcionarios cómo se define el buen gobierno.

El buen gobierno es aquel que responde a los auténticos intereses de la ciudadanía y al cual se exige la participación, la trasparencia, la rendición de cuentas y el respeto de la ley.

Así, me resulta incomprensible como burócratas con el suficiente palmarés técnico y educativo deban recurrir casi a la tosquedad para resolver conflictos que involucran al colectivo. El artículo 2 de nuestra Constitución define como un fin esencial del Estado servir a la comunidad, facilitando la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Y la Esap se refiere a la calidad del administrador público colombiano como el funcionario que tiene entre sus responsabilidades el ser un manejador de conflictos, además toma decisiones a favor del bien común, basado en su pericia técnica y su calidad de negociador. Ahora, basado en estas premisas, reflexiono si el buen funcionario solo debe socializar con la comunidad las decisiones que los afectan. Por último les dejo este aforismo: La función pública es para servir los intereses generales de la sociedad.

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