Cumplido un año de la intervención que hizo el Gobierno Nacional de Buenaventura, con el fin de hacerle frente a los altos índices de violencia, el balance no colma las expectativas.
La intervención que se inició en marzo del 2014, además de la llegada de Fuerza Pública representada en más policías y soldados para retomar el control de 12 comunas, representaba también un plan de choque social aforado en cerca de $120.000 millones y con partidas adicionales por 400 millones de dólares destinadas a impulsar el desarrollo de la ciudad.
En seguridad, los índices de homicidios descendieron en un 19%, según los datos de la Policía Valle que además reporta la captura de 113 personas, integrantes de las bacrim; sin embargo, la preocupación por el número de personas desaparecidas, 44 en total, todavía es vigente. Aunque las casas de pique parecen ser un fenómeno erradicado, aún siguen apareciendo fosas con restos humanos. Y aunque todavía se siente cierto temor en las 12 comunas intervenidas, diferentes sectores sociales del puerto reconocen que se respira un ambiente más tranquilo en el puerto.
Sobre el plan de choque social coinciden los bonaverenses en que los proyectos van lentos. Hasta ahora se ha cumplido con la ampliación de cobertura de familias en acción, se han entregado seis ambulancias y ya se contrataron obras del acueducto.
Aun así, las grandes inversiones que realmente impactarían al puerto todavía no se dan. Preocupa que la Nación no haya aclarado cómo dividirá los 400 millones de dólares del Plan todos somos Pacífico, a fin de saber cuánto le corresponderá a Buenaventura.
Un año después debemos reconocer la intención del Gobierno Nacional, pero igualmente es necesario hacer un llamado de atención para que las inversiones se materialicen en lo social.
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