Pretelt-coima

El proceso constitucional del 91 se edificó sobre los anhelos de paz  en Colombia expresados en la negociación política con el M-19 y el fenómeno estudiantil de la séptima papeleta, también por la necesidad de rescatar la política, asfixiada  en las prácticas corruptas y clientelares del Congreso de la República, circunstancia última que determinó la decisión de establecer un mayor equilibrio de poderes, mediante el fortalecimiento de la rama judicial que se contrapusiera a un  presidencialismo ríspido y un desprestigiado legislativo.

La rama judicial dejó de ser la cenicienta del poder público y pasó a convertirse en la novedad institucional de mayor protagonismo, llenando vacíos legales, decidiendo a favor de los derechos de los desfavorecidos, convirtiendo nuestro proverbial legalismo santanderista en la realización efectiva de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Fue ésta la edad de oro de la Corte Constitucional, sus magistrados prestados de la academia ejercieron  con rigor moral y científico.

Todo este promisorio panorama se fue languideciendo con el paso de los días, el sueño de renovación de los noventa se convirtió en una nueva frustración. La política “volvió por sus fueros” y las supercortes -orgullo nacional- fueron copadas en su mayoría por togados sin mayores créditos que su respaldo político, se convirtieron en parte del botín burocrático a repartir, perdiendo, además, total independencia con la reelección presidencial, estrenada este siglo, con el mefítico mecanismo de la “yidispolitica”.

Con este telón de fondo, cómo nos vamos a sorprender del fenómeno Pretelt, que por lo demás, nos salvamos que hubiese sido el Fiscal General de la Nación, pues fue ternado por el expresidente Uribe en momentos en que el país le idolatraba. Pretelt es lo que da la tierra, es lo que pare esta democracia.

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