El acompañamiento de los países amigos, y sobre todo el de la ONU o el de la OEA, deberían ser efectivos, visibles y ajustados a los métodos de solución pacífica de los conflictos, mecanismos establecidos en estas organizaciones internacionales, porque tanto los procedimientos de desescalamiento o de treguas bilaterales exigen mucha veeduría con capacidad de advertir, monitorear y frenar los despropósitos de los saboteadores.
El cese al fuego unilateral es una muestra de voluntad para desescalar la guerra interna. Las acciones de desescalamiento que las partes pacten, disminuirían las muertes violentas, humanizarían el conflicto interno, crearían un clima de “confianza” moderada, modularían los enfrentamientos encarrilándolos en las reglas de la guerra que contempla el Derecho Internacional Humanitario (DIH) permitiría terminar los puntos de la agenda produciéndose menos daño bilateral, y calmarían un poco a la opinión pública.
Hay que revaluar el tipo de guerra interna que tratamos de terminar. Su duración de 50 años la ha ido transformando y degradando en extremo.
Ya no es un enfrentamiento clásico de los que sostenían las guerrillas de los años 60s, actuando enmarcados en la guerra de guerrillas, y contra un solo actor: el ejército institucional.
Las mafias y sus conexiones rurales permearon a todos los actores oficiales, semioficiales e ilegales; el narcotráfico descompuso a los actores armados y a la guerra misma.
Ningún sector está depurado. La oposición neolaureanista con el refinamiento de prácticas falangistas quiere hacer añicos el proceso de paz.
Este entramado más otros elementos hace inevitable una revaluación para acceder a la tregua bilateral o al diseño de un desescalamiento consensuado para combatir “limpiamente” mientras se definen los últimos aspectos de los acuerdos en la mesa cubana de negociación política.
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