Paz, sapos y renacuajos

Si por cualquier motivo llega a reinar la impunidad como conclusión de las negociaciones en La Habana, habría que cancelar las cátedras de Derecho Internacional Humanitario, porque a quienes somos profesores de estos temas nos daría vergüenza hablar sobre la importancia de la Corte Penal Internacional, la CPI. La invitación del presidente Santos a convertir la impunidad en un bistec de sapo o las peripecias del fiscal por rematar con postre de renacuajo, son una caricatura a la obligación que como Estado tiene Colombia de cumplir sus compromisos de juzgar y condenar a quienes fueren responsables de cuatro delitos atroces, que como el genocidio, el delito de lesa humanidad, el de guerra y el de agresión, constituyen la competencia de la CPI.

Al Estado no le queda de otra que cumplir llevando a cabo un proceso de juzgamiento a los miembros de las Farc incursos en estos delitos. El de lesa humanidad, por ejemplo, tiene once conductas y el de genocidio cinco, que, colocados ante la historia del Secretariado de las Farc, se puede concluir que ha sido protagonista de todos los actos ahí tipificados, que incluyen tortura, desaparición forzada, esclavitud y secuestro, entre otros, que deben ser asumidos en el proceso de reparación a las víctimas.

Reducir a sapos y renacuajos la obligación de un Estado de cumplir su deber de juzgar a los criminales de guerra, es limitar a un sainete la tragedia de muerte de la cual son responsables los dirigentes de las Farc. El Estatuto de Roma fue una respuesta al genocidio de Ruanda y a la matanza de Yugoslavia, que marcó el inicio de una esperanza a quienes fueron víctimas, como los colombianos, de los horrores de la guerra.

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