En el territorio colombiano las bioregiones y ecosistemas se cortan por límites territoriales departamentales que dejan expósitos a ecosistemas compartidos ante la no vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), que pelotean o rebotan las responsabilidades al Departamento vecino, y no acuden para actuar conjuntamente porque tampoco conforman el Sistema Nacional Ambienta (SINA) para resolver.
En La Guajira mueren miles de reses y los niños buscan agua como topos, labor que le corresponde al Estado; en la costa aumentan los incendios forestales, en el Valle y otros departamentos, todo se vuelve un asunto bomberil; mueren reses incontroladamente en los mismos potreros que se abrieron desertizando inmensas áreas que eran bosques protectores, ante la tala no controlada por las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs); la seguridad alimentaria queda en alto riesgo.
En el Casanare todo Colombia vio el cuadro dantesco con la muerte de chigüiros y reses por el agotamiento de las aguas que hacen las petroleras con el método del fracking y por la devastación en el páramo del Cocuy; en el Valle del Cauca, pasados 13 años de la advertencia, la CVC no recuperó los humedales, ni la faja lateral de los ríos, ni ordenaron con planes de manejo las cuencas hidrográficas. Había que detener la pérdida de la biodiversidad en el Valle del Cauca, particularmente en su zona plana, teniendo como eje articulador al río Cauca.
La Procuraduría y las personerías municipales no vigilan, gran parte de los ciudadanos no tienen conducta bioética. Entonces todo se desploma y altera.
Ese es el caso con la tala de seis millones de hectáreas de bosques en los últimos 20 años y lo que está ocurriendo con la minería ilegal es aterrador.
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