Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, nuestro conflicto nos ha dejado 6.451.351 colombianos víctimas de amenazas, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, pérdida de bienes, secuestro, entre otros.
Lo preocupante es que de esa cifra 138.579 personas (2%) están en situación de discapacidad aún se encuentran en situación de desplazamiento forzado.
La semana pasada la Corte Constitucional determinó que en el país hay una grave situación de abandono de las personas con discapacidad y ha hecho un llamado de atención al Estado para que se tomen medidas urgentes que garanticen los derechos de estas personas que han tenido que enfrentarse a nuestra cruda realidad de violencia.
A partir del 7 de agosto se empezarán a ver ajustes y cambios significativos en Colombia y esperamos que en la agenda nacional del Presidente reelecto se pueda incluir un enfoque transversal en materia de discapacidad en la política pública sobre desplazamiento forzado y se pueda incorporar un enfoque diferencial de discapacidad en toda la política de desplazamiento.
De igual manera, se requiere una reingeniería en el manejo de la información que se tiene sobre esta población y lograr diseñar e implementar programas que se ajusten a la necesidad de las personas con discapacidad.
Por eso, la Corte Constitucional le ha ordenado a la Unidad de Víctimas que busque a discapacitados desplazados, víctimas de minas antipersonales, para que sean direccionados al Programa para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal.
Esperamos que con esta acción se pueda hacer una ayuda humanitaria y se priorice a las víctimas con discapacidad en situación de desplazamiento forzado.
@JoseDavidSolisN
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