Curadurías a la Fiscalía

La Fiscalía de Medellín ha imputado cargos contra dos curadores urbanos de esa ciudad ante los delitos de prevaricato por omisión, por la mala aprobación del conjunto Space, que causó doce muertos y multimillonarias pérdidas materiales.

De esta manera y ante un hecho evidente, las curadurías inician otra historia, gracias a  los organismos de control, pues las curadurías sirven para aplicar a su amaño los POT,  ser un ‘dinámico y laxo’ taxímetro para cobrar licencias de construcción a tutiplén.

No aceptan rendirles cuenta a los ciudadanos y como tienen recursos para pagar buenos abogados, ejercen el derecho sin que los jueces constitucionales, a través de las tutelas, los pongan en su sitio.

Sus cuentas de ingresos no son públicas y sólo se las ofrecen a las contralorías y personerías municipales, quienes dejan la información en el congelador.

Los curadores ejercen función pública, pero manejan sus despachos como un negocio privado y es allí en donde cometen gravísimos errores.

En la práctica, se hacen subalternos de las oficinas de Planeación y, por ello, las irregularidades son numerosas en sus licencias; ejemplos en Cali, serían: un banco frente al río Cali, levantado con un número de pisos y en paramento ilegal; un almacén sin ceder la zona verde ni la vía pública; una urbanización de estrato 6 con quintas campestres en Pance en zona agropecuaria, y, para rematar, el estadio Pascual Guerrero ampliado sobre vías ‘públicas’ y sin desafectarlas por el competente constitucional.

Ahora sí, las curadurías empiezan a ser    controladas y entenderán que su jefe es la Constitución Nacional y la ley, pero no sabemos si los desmanes se quedarán sin castigo.

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