Minería ilegal

La tragedia de Santander de Quilichao puso de nuevo en la mira la minería ilegal. Hemos escuchado testimonios de autoridades afirmando que ésa era la crónica de una muerte anunciada.

¿Cómo es posible que ante explotaciones mineras ilegales de proporciones monumentales las autoridades no puedan ejercer ninguna acción para frenarlas? El caso de Santander es una prueba más de la respuesta que todos sabemos: la minería ilegal es la nueva y poderosa mafia en nuestro país.

Una mafia con el poder suficiente para lograr que nada altere sus lucrativas actividades, carteles capaces de paralizar a las autoridades y de convencer a las comunidades.

Mafias protegidas por los vacíos legales y que  aprovechan  ciertas características de nuestra cultura para instalarse y florecer en un territorio. En los años ochenta se hablaba de la cultura mafiosa propia de los amigos del dinero fácil.

Las historias de los quilichagüeños retratan en gran medida esta misma idiosincrasia.

¿Para qué trabajar en oficios varios o mensajería por $30.000 diarios si en cuatro horas en la mina se pueden ganar $200.000? Lo incomprensible es que no se plantea la actividad para salir de la pobreza sino para recoger en menos tiempo el dinero mínimo para la supervivencia.

Siempre hemos dicho que la pobreza y la falta de oportunidades son el caldo de cultivo de negocios ilegales. Sin embargo, también podría decirse que la desidia, la pereza y la ley   del menor esfuerzo hacen parte integral de la ecuación.

Lo sucedido pone en primer plano la crisis social que enfrentamos, que no vemos ni discutimos. Hechos como éste no pasan de ser relatados sin que nos cuestionen más profundamente. En época de elecciones presidenciales en la que analizamos el modelo de país que deseamos, ¿dónde quedan estos debates?

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