Borrón y cuenta nueva

Tema recurrente y de continua actualidad el de la crisis del aparato judicial, empezando por las cuatro altas cortes y continuando por todo el sistema y los órganos de control; la administración de justicia tiene el mayor nivel de deslegitimación de toda la historia colombiana pues apenas es aceptado por cerca del 24% de los colombianos.

Se requiere de una manera urgente una reforma judicial: primero en la cúpula del aparato, que recorte todos aquellos privilegios que vienen disfrutando los magistrados titulares y auxiliares de las altas cortes, que, si bien es cierto son legales, se tornan odiosos para el resto de ciudadanos, lo cual contribuye al acelerado desprestigio de estas instituciones.

Todavía se recuerda el desafortunado crucero por el Caribe de la presidenta de la época de la Corte Suprema de Justicia y se denuncia por los medios de comunicación que sus compañeros de viaje ya lograron el objetivo de llegar a este tribunal.

Dicha reforma debe cortar de raíz las competencias electorales de los magistrados y hacer que los mismos se dediquen con exclusividad a la sagrada labor de administrar justicia, de forma recta, imparcial y pronta, porque, de lo contrario, cada día irá fortaleciéndose al interior del Palacio de Justicia el partido de los jueces, donde se va volviendo rutina el intercambio de favores y la recomendación de los apadrinados, que deben continuar en las vacantes dejadas por los magistrados que van cumpliendo período y con ello se va envileciendo la labor de uno de los poderes más importantes en un estado social de derecho.

La semana pasada, los dos más importantes medios de circulación nacional editorializaron sobre la decadencia de las cortes y la necesidad de revocarlas. A dicho clamor, adhiero.

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