La privacidad de los gobernantes se confunde con el derecho a la intimidad. Los gobernantes son fiscalizados por los organismos de control, por los medios de comunicación, por la iglesia a la que pertenecen y por los ciudadanos. Todo ciudadano tiene derecho a la intimidad personal y familiar. Los gobernantes son ciudadanos también, pero todos quieren saber qué hacen porque deben ser ejemplo.
La moral y el derecho a veces no se cruzan para la construcción de las normas jurídicas, en algunos momentos la moral alimenta el derecho, pero son dos campos aparte. Esto respecto a lo normativo. Pero respecto la conducta de los gobernantes parecería que la moral y el derecho se funden.
Depende de la moral, la ética y las costumbres del país donde se gobierna. Mucho más si el gobernante es de elección popular que nombrado, aunque estos no escapan del todo a la mirada pública, la ciudadanía votante se siente autorizada para fiscalizar y exigir.
Hoy con el uso de las redes sociales se escudriña y hurga más en la vida privada. Al Gobernante en algunos países se le requiere antes de posesionarse que haga público conocimiento de sus rentas. Y se le fiscaliza por la comunidad para evitar actos de abuso con el erario.
También el pueblo, el electorado se entromete con la conducta de los familiares de los gobernantes porque se considera que pueden servir de testaferros para ocultar bienes y burlar investigaciones.
La salud del gobernante es otro objeto de intromisión. Aquí los linderos entre intimidad y privacidad son más complejos de demarcar.
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