El neocolonialismo jurídico

A estas horas, es decir hoy jueves, ya debe haber el presidente Santos tomado una decisión sobre el alcalde Petro. Su obligación es responder por la soberanía colombiana, que no es solamente la limítrofe.

Las naciones soberanas edificaron desde el siglo XVIII la autonomía de sus instituciones y proyectaron estados nacionales, que bajo el amparo de la democracia liberal desarrollaran y elaboraran sus propias leyes, códigos y cartas constitucionales. El derecho actual, basado en el derecho internacional humanitario, gira en torno a la justicia complementaria, es decir, aquella que opera cuando la de un país no puede resolver sus litigios internos.

Después de la guerra fría y de manera sucesiva y para evitar una tercera guerra mundial, así como para regular los cientos de conflictos internos que se suceden en los procesos de descolonización, se fundaron cortes que bajo las leyes del derecho positivo protegieran a la población civil.

Estos aparatos transnacionales han sido casi inútiles, siendo desbordados por todas las guerras. Su papel ha sido confuso y lo es más cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Cidh, pretende con un raponazo invalidar, empleando medidas precautelativas, una decisión soberana que, guardando todos los protocolos garantistas, decidió destituir e inhabilitar por irregularidades administrativas al alcalde de Bogotá.

Lo cierto es que la Cidh está inaugurando un neocolonialismo jurídico que pretende someter, bajo el imperio de Washington, la soberanía jurídica del país.

Con este presupuesto habrá que cerrar y clausurar todas las cortes y las facultades de derecho, porque el ejercicio soberano de nuestra justicia es letra muerta para siete juristas que desde el extranjero miran a Colombia como lo hicieron los colonizadores ingleses, los sátrapas holandeses y los improvidentes españoles.

La Soberanía pasa por una prueba de fuego y Santos debe hacerla respetar de los viudos del socialismo soviético y del chavismo tropical.

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