Gustavo Petro prácticamente un año después de la crisis de Bogotá por la recolección de basuras, que duró tres días y tres noches, es decapitado políticamente por la Procuraduría General de la Nación.
Fueron tres faltas gravísimas, previamente denunciadas por ciudadanos y por el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, por la ausencia de planeación e irregularidades en la contratación del servicio de aseo.
Indudablemente que tenía razón Petro en quitarle el negocio a la voracidad insaciable de unos particulares, pero debe cumplir el estado de derecho.
No planificó adecuadamente la estatización de las basuras, al asignar a dedo el servicio de aseo a las Empresas de Aguas y de Acueducto de Bogotá, que no tenían experiencia en el manejo de ese negocio, para administrar las 6.500 toneladas de desechos diarios que genera la ciudad.
El espectáculo de compactadores nuevos y usados fue una película para el país, pero ante todo un gran detrimento patrimonial. Y, para rematar, el uso de decenas de volquetas para recoger basuras al estilo de cualquier pueblo de la Costa Atlántica, originó el caos urbano en Bogotá y eso tiene costo legal y económico.
Toda la improvisación anterior afectó el medio ambiente y puso en riesgo la salud de los ciudadanos. Por ello fue una destitución anunciada.
P.D.: Lo de Cali en el MIO y las megaobras tiene las mismas características y los organismos de control han estado excesivamente laxos en años de irregularidades de los funcionarios Municipales, especialmente del periodo 2008–2011.
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