En Colombia, durante demasiado tiempo, la discusión sobre las finanzas públicas ha comenzado por el bolsillo de los ciudadanos.
Cada vez que el Gobierno enfrenta dificultades para recaudar, la respuesta parece conducir inevitablemente a nuevos impuestos, mayores cargas o reformas que terminan afectando el consumo, el empleo y la capacidad económica de las familias.
Sin embargo, hay una pregunta que debería anteceder cualquier decisión de esa naturaleza: ¿ha hecho el Estado todo lo que está a su alcance para invertir mejor los recursos que ya recibe?
La reciente discusión sobre la reducción del tamaño del Estado y la posible eliminación o fusión de decenas de entidades públicas vuelve a poner sobre la mesa un debate necesario.
La austeridad no puede ser una medida excepcional que aparece únicamente cuando las cuentas no cuadran. Debe ser un principio permanente de la administración pública.
Colombia necesita instituciones sólidas, capaces de responder a las necesidades de sus ciudadanos.
Pero tener un Estado sólido no significa necesariamente tener un Estado más grande. Significa contar con instituciones que cumplan sus funciones, que trabajen coordinadamente y que produzcan resultados verificables.
Cuando distintas entidades desarrollan tareas similares, duplican esfuerzos, multiplican sus estructuras administrativas o se convierten en escenarios de burocracia sin resultados, el problema deja de ser exclusivamente administrativo: se convierte en una injusticia con quienes financian el Estado a través de sus impuestos.
La propuesta de reorganizar la estructura del Gobierno Nacional, revisar entidades y eliminar duplicidades debe entenderse desde esa perspectiva.
No se trata de desaparecer instituciones por el simple hecho de reducir cifras en un organigrama.
Se trata de evaluar cuáles cumplen una función indispensable, cuáles pueden operar de manera más eficiente y cuáles han terminado convirtiéndose en estructuras cuyo costo no corresponde a los beneficios que generan para la sociedad.
El debate fiscal que enfrenta el país exige precisamente esa responsabilidad.
Las propuestas de ajuste contemplan recortes en gastos de funcionamiento, reducción de contratos de prestación de servicios, revisión de estructuras administrativas y controles más estrictos sobre los gastos del Gobierno.
Son medidas que deben analizarse con rigor, pero que parten de una premisa difícil de controvertir: el Estado también tiene la obligación de hacer sacrificios.
No sería razonable pedirle a los colombianos que reduzcan sus gastos, que se endeuden menos o que renuncien a determinados gustos para pagar más impuestos, mientras la administración pública mantiene estructuras innecesarias, gastos injustificados o prácticas que no contribuyen a mejorar la vida de la gente.
Por eso, la discusión sobre los impuestos no puede separarse de la discusión sobre el gasto.
Si el Gobierno considera indispensable aumentar el recaudo, primero debe demostrar que ha revisado sus prioridades, que ha eliminado los gastos prescindibles y que cada peso del presupuesto está siendo destinado a una necesidad real.
La ciudadanía no se opone a contribuir al sostenimiento de las instituciones.
Lo que exige es transparencia, eficiencia y proporcionalidad. Los impuestos tienen sentido cuando se traducen en seguridad, educación, salud, infraestructura, oportunidades y servicios de calidad.
Pierden legitimidad cuando los ciudadanos perciben que sus recursos se diluyen en burocracia, contratos innecesarios o entidades que no producen resultados.
Ahora bien, reducir el Estado tampoco puede convertirse en una consigna sin planificación.
Cada entidad cumple, o debería cumplir, una función. Su eventual eliminación debe estar acompañada de una evaluación técnica, de la garantía de continuidad de los servicios y de la protección de los derechos de quienes dependen de ellos.
El ahorro anunciado debe ser real, medible y sostenible. Una fusión que simplemente traslade los mismos gastos a otra dependencia, o que termine creando nuevas estructuras para reemplazar las anteriores, no representa una verdadera reforma.
La eficiencia pública no se mide únicamente por cuántas entidades desaparecen, sino por cuánto mejora la capacidad del Estado para responder.
Menos trámites, menos duplicidad, mayor transparencia, mejor ejecución presupuestal y más resultados deberían ser los indicadores de éxito de cualquier transformación administrativa.
En momentos de estrechez fiscal, el ejemplo debe comenzar desde arriba. La austeridad no puede recaer exclusivamente sobre los ciudadanos, los trabajadores o los sectores productivos.
También debe sentirse en los despachos oficiales, en las estructuras administrativas y en las decisiones de quienes tienen la responsabilidad de manejar los recursos públicos.
Colombia necesita recuperar una cultura de responsabilidad fiscal.
No podemos acostumbrarnos a que cada crisis se resuelva buscando nuevos ingresos sin revisar primero la calidad del gasto.
Antes de pedir más dinero, el Estado debe demostrar que sabe administrar el que ya tiene.
Porque gobernar no consiste en recaudar cada vez más.
Gobernar también significa tener la capacidad de priorizar, renunciar a lo innecesario y comprender que los recursos públicos no pertenecen a quienes los administran, sino a los ciudadanos que los hacen posibles.
Un Estado eficiente no es el que más gasta ni el que más oficinas tiene.
Es aquel que, con los recursos disponibles, logra responder mejor a las necesidades de la sociedad.
Y esa, más que una promesa de austeridad, debería ser una obligación de quienes ejercen el poder.
Comments
Fin de los artículos
No hay más artículos para cargar




