El envejecimiento de la población en América aumentará la demanda de cuidados de larga duración durante las próximas décadas.

Para 2050, cerca de 306 millones de personas tendrán 60 años o más, lo que representará más de una cuarta parte de los habitantes del continente.

Sin embargo, solo 15 de los 35 Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, cuentan actualmente con sistemas formales de atención financiados con recursos públicos.

Esta diferencia entre el crecimiento de la población mayor y la disponibilidad de servicios aparece en un informe de la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado en octubre de 2026.

El documento advierte que la falta de financiación pública y la fragmentación de los servicios dificultan la atención de quienes necesitan asistencia durante períodos prolongados.

Aunque el 88 % de los países encuestados incorporó los cuidados de larga duración en sus leyes, políticas o planes, la implementación presenta diferencias.

En 2020, esa proporción llegaba al 61 %, según la revisión de mitad de período de la Década del Envejecimiento Saludable de Naciones Unidas.

El avance normativo, sin embargo, no corresponde con la cantidad de sistemas públicos disponibles.

Familias asumen cuidados

Uno de los principales desafíos relacionados con el envejecimiento de la población es la responsabilidad que asumen las familias cuando los servicios públicos no cubren las necesidades de atención.

En muchos casos, los familiares proporcionan cuidados sin recibir remuneración o pagan directamente por la asistencia que requieren las personas mayores.

El informe estima que el valor económico de los cuidados informales de larga duración equivale a entre el 0,8 % y el 4,9 % del producto interno bruto anual.

Además, solo siete de los 27 países que respondieron una pregunta específica reconocen legalmente a los cuidadores informales y su derecho a recibir apoyo.

A esta situación se suma la falta de coordinación entre los servicios de salud y protección social.

Según la OPS y el BID, estas instituciones suelen funcionar de manera independiente, sin evaluaciones compartidas ni planes de atención coordinados.

Como consecuencia, una misma persona puede recibir asistencia de diferentes proveedores sin contar con continuidad en sus cuidados.

Mary Lou Valdez, subdirectora de la OPS, señaló que invertir en cuidados de larga duración representa una inversión en la salud de las personas, el fortalecimiento de las familias y la capacidad de respuesta de las sociedades.

Respuesta al envejecimiento

Ante el aumento previsto de personas mayores en América, el informe presenta a Uruguay como un ejemplo de organización institucional.

Desde 2015, el país cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que reúne ministerios, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil para coordinar políticas, servicios y financiación.

Este modelo utiliza evaluaciones estandarizadas para determinar las necesidades de atención y establecer quiénes pueden acceder a los apoyos.

También combina financiación pública con copagos relacionados con los ingresos y exige requisitos de calidad, formación y certificación a los proveedores y trabajadores del sector.

Por su parte, la OPS promueve la Política Regional de Cuidados de Larga Duración 2025-2034, orientada a mejorar la financiación, la coordinación institucional y la integración de estos servicios en los sistemas de salud.

La estrategia también contempla fortalecer la atención primaria, ampliar los servicios comunitarios y apoyar a los cuidadores familiares.

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