Cali, enero 29 de 2026. Actualizado: jueves, enero 29, 2026 20:33

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Megaoperativo penitenciario

Gobierno incautó celulares, droga y armas en 124 cárceles del país

En una acción simultánea ejecutada durante la madrugada, el Gobierno Nacional desarrolló un megaoperativo de control y seguridad en los 124 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional.

La intervención, liderada por el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga Franco, y el director del INPEC, teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, tuvo como objetivo atacar directamente delitos como la extorsión, cometidos desde los centros penitenciarios.

El operativo se coordinó desde el complejo penitenciario La Picota en Bogotá y contó con la participación de 3.900 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

Según el ministro, se trató de una acción sin precedentes en términos de cobertura y efectividad.

“Debemos brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, pero también poner orden en las cárceles”, expresó Idárraga durante la presentación de los resultados.

Más de mil celulares y 400 kilos de estupefacientes

Como resultado del operativo, se decomisaron 1.320 celulares, 1.700 tarjetas SIM, tres millones de pesos en efectivo, 450 litros de licor y 480 armas blancas de fabricación artesanal.

Además, se incautaron 427 kilos de estupefacientes dentro de los establecimientos intervenidos.

Las autoridades recalcaron que estos elementos suelen ser utilizados para coordinar actividades delictivas, especialmente extorsiones, desde el interior de las cárceles.

Frente a esta problemática, el ministro Idárraga recordó que desde 2012 no se realizaron intervenciones para restablecer los bloqueadores de señal.

Anunció que ya se iniciaron las labores de mantenimiento de infraestructura tecnológica con el fin de reactivar estos dispositivos en varios establecimientos penitenciarios.

El plan de restablecimiento comenzará en las cárceles de El Barne (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas), donde se han identificado focos de operación de estructuras delincuenciales.

El objetivo es impedir que las comunicaciones no autorizadas sigan facilitando delitos como la extorsión.


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