Durante el año 2025, la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la paz en Colombia se mantuvo como una realidad crítica.

Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en un informe que documenta el asesinato de 150 líderes sociales, 27 lideresas y 39 firmantes del Acuerdo de Paz.

A estos hechos se suman 78 masacres registradas, en las que murieron 256 personas.
El informe evidencia la persistencia de ataques sistemáticos en los territorios.

Las víctimas, en su mayoría, se destacaban por su labor en la defensa de la vida, el medio ambiente y los derechos de sus comunidades.

Estos hechos, señala la Defensoría, representan una amenaza directa contra la construcción de paz y el ejercicio de liderazgos sociales en distintas regiones del país.

Frente a esta situación, la entidad reiteró su “mandato constitucional de defensa de los derechos humanos y de la vida, mediante el acompañamiento a las víctimas y la exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición”.

Además, subrayó la necesidad de fortalecer las acciones de prevención en los territorios donde persiste el riesgo.

Llamado al Gobierno para proteger a las comunidades

En el documento, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a implementar medidas efectivas de protección para las comunidades.

Este llamado busca que se refuercen las capacidades institucionales en las zonas más afectadas por el conflicto y la presencia de actores armados ilegales.

La entidad recalcó que el respeto por la vida y la seguridad de los líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz debe ser una prioridad.

En ese sentido, pidió fortalecer las rutas de protección y garantizar respuestas articuladas entre las instituciones del Estado para prevenir nuevos hechos de violencia.

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