La Dirección de Planeación Distrital notificó oficialmente a 54 residentes del barrio San Antonio su reconocimiento como actores dentro del proceso de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico de Cali.

La comunicación, enviada el 11 de septiembre de 2025, respondió a un documento firmado por un grupo de habitantes del tradicional sector, quienes manifestaron no sentirse representados por la Fundación Vecinos de San Antonio y pidieron que sus opiniones sean consideradas en las decisiones sobre el futuro del sector.

La carta, suscrita por Alexandro Banda Rodríguez, subdirector de Planificación del Territorio, marca un giro en la discusión, pues la Fundación defiende un modelo de barrio estrictamente residencial.

Los firmantes recalcaron que no representan intereses comerciales, sino a residentes que tienen una visión distinta sobre el desarrollo del sector, posición que fue recibida por Planeación como un aporte legítimo dentro del proceso participativo que busca construir el PEMP con voces diversas.

El trasfondo: tensiones por el modelo de barrio

San Antonio, uno de los barrios más icónicos de Cali, enfrenta desde hace años un debate sobre su vocación.

A su tradicional carácter residencial se suman hoy decenas de restaurantes, cafés, teatros y espacios culturales que convirtieron la zona en un epicentro gastronómico y turístico.

Esta transformación ha generado tensiones entre quienes piden restringir las actividades comerciales y quienes defienden una convivencia armónica con ellas.

La Fundación Vecinos de San Antonio ha liderado la defensa de la residencialidad, incluso a través de acciones judiciales.

En una de ellas, interpuesta contra dependencias de la Alcaldía y 80 establecimientos, el fallo ordenó sancionar a los propietarios de inmuebles patrimoniales intervenidos sin licencia, suspender las obras no autorizadas y ejercer un mayor control sobre el uso del espacio público.

La organización argumenta que desde 2015 ha solicitado sin éxito acciones frente al deterioro del patrimonio, la contaminación auditiva y visual, y la invasión del espacio público.

Críticas al modelo restrictivo y llamado al diálogo

Desde la Junta de Acción Comunal del barrio, sin embargo, se ha cuestionado que se responsabilice al comercio del deterioro del sector.

Su presidente, Samuel Castro, sostiene que muchas casas patrimoniales se deterioran por abandono tras procesos sucesorales largos y que el comercio apenas ocupa cerca del 35% de esos predios, y advierte, además, que exigir licencias estructurales a edificaciones en bahareque o adobe podría poner en riesgo su autenticidad, y que cerrar decenas de negocios podría generar demandas por igualdad frente a construcciones residenciales también modificadas sin permiso.

Castro plantea que el carácter residencial del barrio debe mantenerse, pero que desconocer la presión turística —más de cinco mil visitantes cada fin de semana— sería ignorar la realidad.

Por ello, defiende una regulación flexible que permita transferir derechos de uso comercial en ciertas zonas, promoviendo la recuperación del patrimonio sin eliminar la dinámica económica y cultural del sector.

Desde la Alcaldía, Planeación Distrital reiteró que el PEMP busca precisamente garantizar la convivencia entre residentes, comerciantes y visitantes, y proteger el patrimonio histórico.

En julio de este año, la administración local desmintió versiones que alertaban sobre un cierre masivo de establecimientos, señalando que el instrumento aún no ha sido adoptado y que sigue en construcción mediante mesas de trabajo, recorridos y espacios participativos en los que se han discutido más de 370 problemáticas y 250 propuestas.

En este nuevo escenario, la carta de los 54 residentes introduce un tercer actor en el debate y amplía el espectro de opiniones sobre el futuro de San Antonio.

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