Las senadoras Norma Hurtado, Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos radicaron en la Comisión Séptima del Senado una ponencia alternativa al proyecto de reforma a la salud del Gobierno Nacional.

El documento plantea un modelo diferente, construido con rigor técnico y financiero, que pretende ofrecer soluciones reales a la crisis del sistema sin desmontar por completo su estructura ni trasladar todo el control al Estado.

La iniciativa se presenta como una salida intermedia que permite avanzar en la atención primaria y aumentar los recursos para la promoción y prevención, sin caer en el modelo centralizado propuesto por el Ejecutivo.

Las autoras de la ponencia coinciden en que la crisis del sistema no se debe a que no se haya aprobado la reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro, sino a decisiones equivocadas que agravaron los problemas estructurales.

En su análisis, destacan las intervenciones fallidas en las EPS, la falta de planeación financiera y las decisiones administrativas que han puesto en riesgo el acceso a servicios, medicamentos y tratamientos.

Según las senadoras, el Gobierno ha intentado responsabilizar al Congreso por la crisis actual, pero el origen del problema está en la gestión.

La propuesta alternativa parte de un principio fundamental: no se trata de estatizar el sistema, sino de corregir sus fallas sin desmantelarlo.

El modelo que plantean mantiene la prestación de servicios a través de instituciones públicas, privadas y mixtas, pero introduce ajustes clave para garantizar sostenibilidad, control del gasto, eficiencia en el uso de recursos y atención oportuna a los pacientes.

El Estado asumiría el riesgo financiero, mientras que las nuevas Gestoras de Salud y Vida —antiguas EPS transformadas— administrarían el riesgo en salud, organizarían las redes, auditarían la calidad y supervisarían la atención, sin manejar directamente los recursos.

Control y transparencia

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia.

Para ello, plantea la creación de un Sistema Único de Información en Salud que permita monitorear en tiempo real el uso de los recursos, detectar irregularidades y activar alertas tempranas.

Además, propone un Sistema Nacional de Auditoría que supervise la ejecución presupuestal y reduzca los riesgos de corrupción. Con estas herramientas, se busca garantizar que cada peso destinado a la salud llegue a su objetivo final.

El cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) —el valor que el Estado paga por cada afiliado— se realizaría con base en estudios técnicos validados por universidades y definidos por el Consejo Nacional de Salud, con el fin de asegurar que los recursos asignados sean suficientes para cubrir la demanda real de servicios.

También se contempla un esquema de pagos más rápido y directo a hospitales y clínicas, eliminando intermediaciones que hoy generan demoras y desfinanciamiento en la red de prestación.

Otro de los pilares de la ponencia es la protección a los prestadores de servicios, médicos y pacientes. El documento propone un plan de saneamiento de deudas y el pago gradual de obligaciones acumuladas por EPS liquidadas, priorizando a los trabajadores del sector salud.

Asimismo, se contempla la creación de un mecanismo de crédito especial que permita ponerse al día con los proveedores y prestadores sin afectar la prestación del servicio.

La propuesta también refuerza la atención primaria en salud mediante la creación de Centros de Atención Primaria y Comunitaria, equipos básicos, atención domiciliaria y expansión de la telemedicina.

Esto permitirá acercar los servicios a las comunidades, reducir la congestión hospitalaria y mejorar la cobertura en zonas rurales y apartadas.

Paralelamente, se propone la formalización y dignificación del talento humano en salud, con mejores condiciones laborales y estabilidad para quienes sostienen el sistema.

Los recursos

En el componente financiero, la ponencia sugiere destinar el 100 % de los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados al saneamiento del sistema durante los próximos cinco años.

Con esta medida, se recaudarían cerca de 4,9 billones de pesos en 2026 y más de 60 billones a 2036, sumando también los ingresos del IVA social.

Estos recursos se complementarían con un punto del PIB y mecanismos de control preventivo para garantizar su correcta utilización.

Finalmente, las senadoras advierten que el modelo propuesto por el Gobierno Petro concentraría 32 funciones en la Administradora de los Recursos del Sistema (ADRES), otorgándole capacidades poco realistas y con alto riesgo de corrupción.

En contraste, la ponencia alternativa limita sus funciones, distribuye responsabilidades y fortalece los controles.

Con ello, busca garantizar un sistema sostenible, eficiente y centrado en los pacientes, que corrija las fallas actuales sin desmontar lo que ha funcionado durante más de tres décadas.

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