Una fuerte explosión sacudió a la alcaldía Iztapalapa el pasado miércoles 10 de septiembre, cuando una pipa que transportaba gas LP volcó bajo el Puente de La Concordia.

El vehículo, que llevaba aproximadamente 49.500 litros del combustible, sufrió una fuga tras el accidente. Minutos después, la acumulación de gas generó una explosión de gran magnitud que dejó al menos seis personas muertas y más de 90 heridas, muchas de ellas con quemaduras de segundo y tercer grado.

La emergencia movilizó de inmediato a los cuerpos de bomberos, equipos médicos, Guardia Nacional y personal de Protección Civil, quienes trabajaron durante varias horas para controlar la situación. La onda expansiva dañó al menos 32 vehículos que se encontraban en los alrededores y obligó a cerrar vialidades cercanas para facilitar las labores de rescate.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, llegó al lugar para supervisar las acciones de emergencia. Informó que, entre los heridos, hay varios menores de edad, incluso bebés, y que 30 personas permanecen hospitalizadas en estado crítico o grave.

Algunos lesionados fueron dados de alta tras recibir atención médica, mientras que otros fueron trasladados a hospitales especializados en quemaduras, como el Hospital Magdalena de las Salinas y el Pediátrico Siglo XXI.

Investigación y apoyo a las víctimas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para determinar las causas del accidente.

Hasta ahora, las líneas principales apuntan al exceso de velocidad y al posible incumplimiento de normas de seguridad por parte de la empresa transportadora, identificada como Transportadora Silza. El conductor de la pipa se encuentra hospitalizado en estado grave y bajo custodia.

Como medida inmediata, se realizó una quema controlada del gas restante para evitar nuevas explosiones. Las autoridades aseguraron la zona, mientras equipos técnicos evaluaban los daños y coordinaban el retiro de los vehículos afectados.

El gobierno capitalino también activó un plan de atención integral para los afectados, que incluye apoyo psicológico, asesoría legal y ayuda económica. La Comisión de Derechos Humanos desplegó personal para acompañar a las familias durante la emergencia.

La empresa responsable aseguró tener una póliza de seguros vigente y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y brindar respaldo a las víctimas.

Además, se anunció una revisión de las normativas sobre transporte de sustancias peligrosas en zonas urbanas.

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