El atentado con explosivos contra la Base Aérea de Cali, que dejó al menos 50 heridos y seis personas fallecidas, es un hecho abominable, injustificable, que llena de dolor a familias inocentes y enluta a toda la ciudad.

La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a la capital del Valle del Cauca, recordando que la amenaza está latente y que no hay espacio para la indiferencia.

Este ataque debe mantener en alerta máxima a las autoridades, que no pueden volver a confiarse ni bajar la guardia, menos aún en un año electoral en el que los grupos armados ilegales intentarán presionar con bombazos y actos de terror.

Se requiere una política de seguridad clara, con inteligencia fortalecida y acciones articuladas a todos los niveles del Estado, para anticipar y neutralizar a quienes buscan sembrar miedo y condicionar la vida democrática.

La ciudadanía no puede resignarse a la barbarie, debe exigir respuestas concretas en la lucha contra el crimen organizado, un esfuerzo que debe ser sostenido y sin concesiones.

Y aunque el gobierno nacional ha sido inferior al desafío de los grupos armados, los gobiernos regionales y locales, que le han puesto la cara a este flagelo, tienen la responsabilidad de hacer su máximo esfuerzo para defender a la población.

Colombia no puede ceder ante el crimen, por el contrario, debe responder con contundencia, con presencia efectiva del Estado en los territorios y con la certeza de que la seguridad de los ciudadanos no es negociable.

Aquí no se trata de tomar medidas por unos días y luego olvidar lo que ocurre, hay que blindar a Cali para que esta tragedia no se repita.

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