Con una cifra que por sí sola despierta polémica —92 billones de pesos pagados por los usuarios desde 2006— el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, puso sobre la mesa una de las reformas más profundas que ha vivido el sistema eléctrico colombiano en décadas: la modificación del Cargo por Confiabilidad.

La propuesta fue presentada el 5 de agosto ante la Comisión Quinta del Senado y contiene seis medidas que, de implementarse, podrían transformar la forma en que se remunera la generación eléctrica en el país.

El debate no es menor. El Cargo por Confiabilidad fue diseñado para asegurar el abastecimiento eléctrico en momentos de alta demanda o baja oferta, especialmente durante fenómenos climáticos como El Niño.

Funciona como un pago anticipado a los generadores, para que mantengan disponibles sus plantas aun cuando no estén en operación constante.

Sin embargo, lo que empezó como un incentivo técnico se convirtió, según el Gobierno, en una distorsión estructural que premia de forma desproporcionada a algunos actores del mercado.

Precios 10 veces más altos y embalses rebosantes

El diagnóstico del Ministerio es claro: el sistema, tal como está, resulta inequitativo para los usuarios. Entre junio y julio de 2025, incluso con embalses llenos y algunas hidroeléctricas “botando agua”, el precio de bolsa de la energía se disparó hasta diez veces por encima de su costo real en ciertas horas del día, alcanzando picos de más de $800 por kilovatio-hora. En teoría, con alta disponibilidad hídrica, los precios deberían caer, pero eso no ocurrió.

“El Cargo por Confiabilidad tiene un impacto cercano al 10% del costo unitario de la energía, y en contextos como el actual se convierte en una ganancia exorbitante”, afirmó el ministro Palma durante su intervención.

El funcionario fue enfático en que el Estado no puede limitarse a ser un espectador del mercado, y que es su deber intervenir cuando la lógica de competencia deja de beneficiar al usuario final.

Además, se denunció que algunas hidroeléctricas antiguas siguen recibiendo el Cargo por Confiabilidad como si fueran plantas nuevas, lo que aumenta la inequidad del sistema. En palabras del ministro, “eso es insostenible”.

Las seis propuestas que podrían cambiar las reglas del juego

En respuesta a estas distorsiones, el Ministerio presentó seis propuestas que marcarían un cambio de fondo en la regulación del sistema eléctrico:

Priorizar energías limpias: Se busca establecer criterios que favorezcan la entrada de fuentes renovables no convencionales en la asignación del cargo, alineándose con los compromisos de transición energética.

Diferenciar remuneración por antigüedad: Hoy, una planta térmica de 30 años puede recibir la misma retribución que un parque solar recién inaugurado. El nuevo esquema propondría pagos diferenciados según la tecnología y su obsolescencia.

Vincular el cargo a respaldo real: Solo recibirían el Cargo por Confiabilidad aquellas tecnologías capaces de respaldar efectivamente el sistema en momentos críticos.

Tiempo límite de participación: Se fijaría un plazo máximo durante el cual una planta puede recibir este incentivo, evitando pagos perpetuos que desincentivan la renovación del parque generador.

Implementación progresiva: Para evitar impactos en la estabilidad del sistema, los cambios se aplicarían gradualmente.

Transparencia tarifaria: Se propone separar explícitamente la variable de confiabilidad del resto de la fórmula tarifaria, para que los usuarios puedan entender mejor qué pagan y por qué.

Estas propuestas hacen parte de la Proposición 185 de 2025 y, según el propio ministro Palma, constituyen “un punto de inflexión” en la política energética nacional.

¿Qué dicen los gremios?

La presentación fue recibida con cautela por parte de los gremios del sector eléctrico. Según el ministro, hubo una notoria falta de propuestas concretas por parte de representantes de Andesco, Acolgen y Andeg.

“Yo pensé que íbamos a llegar aquí a escuchar el marco técnico con el que los gremios proponen revisar el cargo. Pero eso no ocurrió”, señaló Palma.

Desde hace años, voces como la del senador José David Name vienen advirtiendo sobre las distorsiones del cargo. Sin embargo, los gremios han defendido su existencia como un mecanismo de seguridad energética, y han advertido que cualquier reforma debe hacerse con rigor técnico y garantías regulatorias que no espanten la inversión privada.

¿Reforma justa o riesgo para la confiabilidad?

El reto del Gobierno es doble: por un lado, aliviar el costo de la energía para los hogares y empresas; por otro, garantizar que el sistema eléctrico siga siendo confiable, resiliente y atractivo para inversionistas. Un mal rediseño del cargo podría generar desabastecimiento futuro o una salida de capital en el sector generación.

Además, existe el riesgo de judicialización. Las plantas que hoy reciben el cargo con contratos vigentes podrían demandar al Estado si sienten que sus condiciones se ven alteradas de forma retroactiva. Cualquier cambio deberá armonizarse con la Ley 143 de 1994 y el régimen de servicios públicos.

Lo que viene

El Ministerio espera radicar un proyecto de ley en las próximas semanas, donde se incluirán estos lineamientos. La discusión promete ser intensa: están en juego miles de millones de pesos, la confianza del sector privado y el bolsillo de millones de usuarios.

Lo cierto es que el debate ya no gira solo en torno a kilovatios y contratos, sino sobre la equidad, sostenibilidad y sentido social de una política energética que por años priorizó el incentivo a la oferta por encima del bienestar del consumidor.

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