El Decreto 0858, con el que el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende reorganizar el sistema de salud colombiano, no solo genera preocupación por su contenido, sino por la forma en que fue expedido.

Pretender modificar la estructura de un servicio público esencial sin un debate abierto en el Congreso, y sin escuchar a las asociaciones médicas, de pacientes, a la academia y al sector hospitalario, es una señal grave.

Más aún, si se tiene en cuenta que este no es un gobierno que se caracterice por el buen manejo de la salud.

Por el contrario, sus decisiones han deteriorado la calidad del servicio y han puesto al sistema al borde del colapso.

Las fallas en pagos, el cierre de hospitales, la incertidumbre de miles de trabajadores y la desconfianza de los usuarios, deberían llamar a la prudencia, no a la improvisación.

Aunque el Ministerio de Salud defiende la legalidad del decreto, sus alcances van más allá de una simple reorganización técnica.

Cambiar el manejo de los recursos, rediseñar la atención primaria y modificar el rol de las EPS son transformaciones estructurales que requieren consenso democrático, evaluación técnica seria y respaldo financiero suficiente.

Claro, aquí tienes un nuevo párrafo que reemplaza el anterior, sin repetir ideas previas y manteniendo el enfoque crítico del editorial:

El sistema de salud colombiano requiere transformaciones, pero estas deben construirse con legitimidad, diálogo y evidencia.

Pasar por alto a los profesionales del sector, que conocen de primera mano las fallas y las fortalezas del modelo actual, debilita cualquier intento de mejora.

Ignorar su voz, así como la de los pacientes y los territorios, es desconocer la complejidad de un sistema que no se puede rediseñar desde un escritorio.

No se trata de negar la necesidad de reformar, sino de hacerlo bien.

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