La más reciente controversia política gira en torno al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su intención de convocar una consulta popular mediante decreto.

Ocho partidos políticos rechazaron de forma conjunta esta iniciativa, asegurando que representa un “golpe de Estado” por desconocer la decisión del Senado.

En un comunicado, las colectividades calificaron la medida como unilateral, inconstitucional y contraria al orden democrático.

El documento fue firmado por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y Partido ASI.

En él, los partidos exigen que las instituciones competentes —como la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría y los entes electorales— actúen con independencia para evitar lo que consideran una violación al marco legal.

Acusan ruptura institucional

Los partidos argumentan que un decreto no puede reemplazar el procedimiento establecido para convocar una consulta popular.

Según la Constitución, esta decisión debe ser discutida y aprobada por el Congreso, y no puede estar sujeta a la voluntad exclusiva del Ejecutivo.

En ese sentido, el rechazo del Senado a la propuesta del Gobierno habría cerrado el camino legal para llevarla a cabo.

Sin embargo, el presidente Petro anunció que insistirá en la consulta.

Frente a esto, la oposición afirma que insistir vía decreto representa una ruptura del Estado de Derecho.

Además, resaltan que el Registrador Nacional, como autoridad electoral, debe garantizar la legalidad del proceso y no permitir que se salten los pasos que exige la ley para su convocatoria.

En el comunicado, también se advierte que esta medida desconoce el principio de separación de poderes.

Los firmantes señalan que el Congreso, como órgano legislativo, tiene la responsabilidad exclusiva de evaluar y decidir sobre consultas ciudadanas.

Aseguran que no aceptarán que se imponga una agenda política por fuera de los canales institucionales.

Defender el orden constitucional

Los ocho partidos concluyen su pronunciamiento con un llamado a respetar la autonomía del Congreso y el orden constitucional.

Sostienen que el país no puede ser sometido a decisiones unilaterales y que el Ejecutivo no puede avanzar por encima de las instituciones.

Advierten que permanecerán vigilantes y firmes en la defensa de la legalidad y de las competencias del poder legislativo.

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