Cali, junio 19 de 2026. Actualizado: jueves, junio 18, 2026 20:22
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En una acción conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana, fue capturado el director de una fundación dedicada a la rehabilitación de adicciones ubicada en la Comuna 1 de Cali.
El arresto se produjo tras una investigación de 45 días en la que se le atribuyen cargos de homicidio, secuestro, tortura y ocultamiento de pruebas.
El caso que desencadenó la investigación ocurrió el pasado 13 de junio, cuando una mujer ingresó a un centro hospitalario con aparentes señales de asfixia mecánica y en estado crítico de salud.
Lamentablemente, la víctima falleció minutos después de su ingreso.
Las lesiones que presentaba indicaron que había sufrido graves abusos dentro de las instalaciones de la fundación, ubicada en el oeste de Cali.
Este sería el mismo centro donde varios jóvenes escaparon y denunciaron abusos físicos y confinamiento con cadenas.
Casos que se volvieron virales gracias a varios videos difundidos en redes sociales.
La gravedad de la situación alertó a los organismos de salud, que de inmediato contactaron a las autoridades.
La respuesta de las patrullas de vigilancia fue crucial para salvaguardar la vida de otras personas que se encontraban dentro de la fundación y suspender sus actividades económicas, mientras se adelantaba una exhaustiva investigación.
Durante la investigación, las autoridades encontraron evidencias de posibles prácticas inhumanas a las que eran sometidos los pacientes de la fundación.
Estos hallazgos revelaron lo que sería un patrón de abusos.
Además de los cargos actuales, el capturado tiene antecedentes por lesiones personales, daño en bien ajeno e inasistencia alimentaria.
El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se determinará su situación judicial.
Un juez de control de garantías será el encargado de definir las medidas a seguir en este caso, que ha conmocionado a la comunidad caleña.
La Personería de Cali fue una pieza clave en este proceso, al interponer una denuncia penal que inició formalmente la investigación.
Según el personero, Gerardo Mendoza Castrillón, se recibieron denuncias que indican que los 60 residentes, en su mayoría afectados por consumo de sustancias psicoactivas o en situación de calle, fueron presuntamente sometidos a abusos.
La Personería anunció que continuará con visitas e inspecciones a establecimientos similares, incluyendo hogares geriátricos, para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas bajo su cuidado.
Estas medidas buscan prevenir futuros abusos y asegurar que todas las instituciones cumplan con los estándares legales y éticos requeridos para su funcionamiento.
Fin de los artículos
Una publicación diaria del Nuevo Diario Occidente S.A. Fundado el 19 de noviembre de 1961
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